Un periplo de 284 días para terminar casi en nada. Así fue la historia de la iniciativa que buscaba despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Aguascalientes, y que no sólo vio llegar su rechazo, sino que incluso hoy podría recibir el golpe final si acaso los diputados colocaran en el orden del día de la sesión de esta mañana la aprobación de la iniciativa que “protege a la vida desde la concepción”, que abriría la puerta para que cualquier mujer sea encarcelada si acaso se atreve a disponer de su cuerpo y de su vida en territorio hidrocálido.
Fue el 13 de marzo de este mismo año 2020 cuando se dio entrada a la iniciativa de la legisladora Érica Palomino Bernal, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encauzada bajo los argumentos de “brindar la opción del aborto seguro y legal en Aguascalientes” y que formaba parte de la agenda feminista en el marco del desarrollo de políticas públicas para desarrollar la protección de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, para entonces ya se cabildeaba el apoyo a la iniciativa que se cocinaba desde el Frente Nacional por la Familia para promover una “iniciativa ciudadana” denominada “protección a la vida desde la concepción”, misma que mostró no sólo la polarización social que prevalece en Aguascalientes, sino además la carga ideológica respaldada por las fuerzas políticas prevalecientes en el Congreso del Estado y que hoy se verá si acaso llega al orden del día de la sesión, cosa que se antoja difícil debido a que varios diputados han optado por retirar su apoyo a la misma.
Si bien la agenda de las feministas busca alcanzar un aborto legal y seguro, que no criminalice a la mujer y que les proporcione capacidad jurídica amplia de decidir sobre su cuerpo, la decisión tomada en el Congreso del Estado no sólo revierte la misma, sino que podría implicar un grave retroceso en la vida social y, fundamentalmente, en las políticas de salud pública del Estado.
Ante esto, las 26 organizaciones, colectivas y agrupaciones feministas de Aguascalientes presentaron un documento en el que afirman que “la LXIV Legislatura ignora el carácter sui géneris de los derechos sexuales y reproductivos, ignora el reconocimiento nacional e internacional y el avance de estos derechos en las décadas recientes, así como la significación de estos derechos para la vida de las mujeres, con lo cual se ha caracterizado como la Legislatura más conservadora y fundamentalista que ha ocupado el Congreso de nuestro Estado”.
De igual forma, anticipan que, de reformarse el artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes, esto obligaría a las autoridades a sancionar penalmente el aborto, además de “reconocer indebidamente como persona al concebido y no nacido, y restringe inadecuadamente los derechos de las mujeres”.
De entrada, adelantan que ya tienen listo el recurso de inconstitucionalidad, y que lo presentarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “y utilizaremos todos los recursos legales para que se sume una más a su expediente y la segunda por vulnerar los derechos humanos”, concluye el documento.