Los catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes recurrirán al amparo contra la declaración patrimonial obligatoria que les pretende imponer el Sistema Estatal Anticorrupción, al considerar que este organismo se excede en sus facultades.
Jorge Antonio Rangel, presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Máxima Casa de Estudios, dijo que la agrupación sindical rechaza de manera tajante que el sector académico pretenda ser sometido a un capricho de un organismo, violando con ello la autonomía sindical.
Ante ello y ante lo que calificó como un exceso por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, anunció que la ACIUAA buscará presentar una demanda colectiva para proteger los derechos de los catedráticos e investigadores universitarios.
Advirtió que el referido organismo estatal está tomando a los maestros y maestras de la Máxima Casa de Estudios como si fueran servidores públicos, es decir como si pertenecieran a una dependencia gubernamental cuando trabajan para una entidad autónoma, como es la UAA.
A nuestro parecer, expuso el dirigente sindical, el organismo anticorrupción está haciendo una interpretación equivocada de la legislación en la materia, toda vez que como docentes de la UAA pertenecen al apartado A, es decir que no son trabajadores de Gobierno o servidores públicos y no manejan recursos públicos, por lo tanto la medida que pretende imponer resulta ser un exceso.
“Se nos paga con dinero público pero es otra cosa, una vez que se nos paga se convierte en dinero privado y el maestro es libre de gastar su dinero en lo que desee, por eso rechazamos rotundamente esta obligación. Entendemos que pudiera ser aplicable a funcionarios de la universidad, que si bien es autónoma, recibe dinero público; coincidimos en que es una muy buena práctica el que se transparenten las cuentas y que los funcionarios presenten sus declaraciones, pero los de primer nivel, los que tienen acceso a la toma de decisiones y manejo de los recursos públicos”, mencionó.
Insistió que la ACIUAA rechaza esa imposición a la comunidad académica y dejó en claro que “los docentes que quieran presentar su declaración lo hagan como ya lo han hecho algunos, sin embargo un gran número de académicos han manifestado su rechazo a esta nueva disposición y nosotros como sindicato coincidimos con esta posición, por lo que vamos a tener reuniones con ellos para conocer bien sus inquietudes y si es necesario asesorarlos legalmente y poder presentar algún amparo colectivo”, concluyó.
