A cuatro años de la pandemia, las entidades que se ubican como las más competitivas del país son: Ciudad de México (CDMX), Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2024 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mientras que, Oaxaca se ubicó en el último lugar con competitividad «muy baja», sobre todo por la persistencia de aspectos estructurales que requieren un rediseño de políticas públicas.
«El Índice de Competitividad Estatal (ICE) mide la capacidad de las entidades del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Un estado competitivo es aquel que hace un uso eficiente de sus capacidades para detonar un entorno favorable que contribuya a mejorar el desarrollo de cada estado y con ello el bienestar de sus habitantes», expuso el IMCO.
Para ubicar a los estados se analizan 50 variables agrupados en seis subíndices, que son: Innovación y Economía; Infraestructura; Mercado de trabajo; Sociedad y Medio Ambiente; Derecho y Sistema político y Gobiernos.
La CDMX se ubicó en dicho sitio con el nivel de competitividad «muy alto» con 75 puntos, mismo puntaje que obtuvo el año anterior. Entre 50 y 55 puntos están Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, con competitividad «alta».
Los estados con un nivel de competitividad «media alta» son: Querétaro, Aguascalientes, Sonora, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo y Colima.
Con un nivel «medio bajo» están: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco, México, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Zacatecas y Puebla.
IMCO califica aspectos como innovación, infraestructura y sistema político
En tanto que, el IMCO ubicó en un nivel «bajo» a tres entidades: Michoacán, Chiapas y Guerrero, los cuales ocupan los lugares 29, 30 y 31, respectivamente.
En Innovación y Economía el mejor lugar lo ocupa Chihuahua al ser la entidad que más exporta mercancías y por el nivel de inversiones que capta; mientras que, el menor desempeño fue para Oaxaca.
En Infraestructura está con el mejor desempeño Ciudad de México por ser la mejor conectada, tener la mayor tasa de terminales de punto de venta, uso de banca móvil, captación de ahorro y por el flujo de carga aérea en kilogramos por cada mil habitantes; en tanto que, con la menor calificación se ubica a Chiapas.
En Mercado de trabajo, el mejor calificado es Ciudad de México, ya que es la cuarta entidad con el mayor ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, además de que sus habitantes tienen el mayor grado de escolaridad, en tanto que en dicho subíndice el peor calificado es Chiapas.
En Sociedad y Medio Ambiente, la CDMX se ubicó en el primer lugar por ser la quinta entidad con mayor esperanza de vida, tener el mayor número de camas de hospital por cada mil habitantes, personal médico y de enfermería; Hidalgo quedó en el último sitio en dicho subíndice por el bajo acceso a servicios de salud de la población adulta.
En Derecho, la mejor calificación la obtuvo Coahuila por ser de las entidades con la menor tasa delictiva en homicidios y robo de vehículos, así como ser de los estados con mayor percepción de seguridad. En tanto que, la peor fue Zacatecas por la alta cifra de delitos no denunciados y la baja percepción de seguridad.
Mientras que, en Sistema político y gobierno, Yucatán tiene el mejor lugar por sus resultados en mejora regulatoria y baja percepción de corrupción estatal. Baja California se ubicó en el último lugar, por su baja participación ciudadana en procesos electorales y por el bajo porcentaje de población que consulta información de finanzas personales.
El instituto sugiere que para mejorar la competitividad se requiere: «Diseñar estrategias locales de atracción de inversión enfocadas al nearshoring, a partir de la creación de agencias estatales».
Apostar a la digitalización y mejorar acceso a servicios de telecomunicación e internet; aumentar la vinculación de industria y academia.
«Promover el uso de medios digitales para presentar denuncias y darles seguimiento procesal como herramienta de soporte para las fiscalías», mejorar acceso a servicios de salud e impulsar el financiamiento de proyectos productivos.
