Presionando a través de la cascada de demandas presentadas por el retraso en el pago del financiamiento que otorgó para la compra de un lote de autobuses, ahora el Gobierno del Estado pretende despojar de sus unidades a los directivos y socios de la empresa transportista Línea Express.
“Nos están lloviendo las demandas mercantiles por el financiamiento que se nos otorgó, pero no vamos a ceder y a cada demanda que nos llegue se estará promoviendo el amparo respectivo puesto que no se está incumpliendo con los pagos por gusto, sino porque los autobuses no están generando nada porque no nos permiten trabajarlos”, mencionó el dirigente de los camioneros que padecen las represalias de las autoridades que trataron de obligarlos a malbaratar la venta de sus unidades.
El empresario transportista Jaime Carranza Ochoa reveló que suman al momento 33 las demandas mercantiles que han recibido los dueños de los camiones que no aceptaron las condiciones totalmente desventajosas que se les proponían para asociarse y entregarles su patrimonio a quienes manejan el servicio tras la concesión del mismo.
“Esas demandas nos empezaron a llover bajo el argumento de que no se está pagando el importe del financiamiento que se recibió para la compra de los camiones que exigía el Gobierno para seguir prestando el servicio, cuando no se trató en sí de un crédito sino de un apoyo especial con fondos que se maneja para este tipo de proyectos, por lo que nosotros hemos presentado la solicitud de amparo para evitar que sigan los atropellos en nuestra contra”, explicó el directivo de Línea Express.
Son 33 demandas mercantiles a las que se les está atendiendo en los tribunales y una más por el financiamiento que se otorgó por el llamado equipamiento a bordo, presentadas las mismas por el Gobierno básicamente como medida de presión para terminar de hundir a los empresarios rebeldes y para tratar de quedarse con las 86 unidades, entre ellas los primeros 55 camiones chinos, vía el embargo jurídico de las mismas.
El representante de los camioneros afectados indicó que éstos no están dispuestos en forma alguna a ceder a la presión que se está ejerciendo en su contra, toda vez que está de por medio la millonaria afectación que se les ha provocado, pero también el patrimonio de sus familias, toda vez que muchos de ellos han trabajado en la prestación del servicio de transporte urbano incluso durante varias generaciones, por lo que sostuvo que es una injusticia la que se comete en su contra.
