En la sesión de la Diputación Permanente se debatió la polémica iniciativa de ley que pretende regular las manifestaciones públicas, acordando los legisladores profundizar en su análisis para buscar un acuerdo que respete los derechos de los ciudadanos.
Fue el diputado Juan Carlos Regalado quien abrió el debate al fijar su posición sobre la iniciativa de Ley de Manifestación Pública, tras señalar que “las manifestaciones y marchas no deben ser tomadas como amenazas o riesgos, sino que deben invitarnos a la reflexión sobre lo que estamos haciendo como representantes del Estado, nos deben invitar al diálogo y al consenso”.
Sostuvo que la sociedad civil ya se manifestó con claridad sobre el particular, “por lo que el día de hoy tomo la palabra para invitar a los promotores de la misma para construir un diálogo con la sociedad, no criminalizar y coartar la libertad de expresión, y escuchar las demandas de la ciudadanía”.
En respuesta, el diputado Luis Enrique García descalificó a quienes se han opuesto a la propuesta que no tiene en modo alguno la intención de vulnerar derechos ni de generar molestias a los ciudadanos.
El legislador panista mencionó que la facultad de un legislador es proponer, y en un organismo colegiado como el Congreso del Estado, debe verter todas sus opiniones respecto a las iniciativas y temas a tratar; sin embargo, “lo que me parece detestable es que muchos de los posicionamientos se hacen sin el conocimiento real de lo que establecen las iniciativas”.
Precisó que la referida iniciativa, promovida por él, muestra un tema de carácter vial y de control en las manifestaciones, y obedece al resultado de un análisis e investigación, por lo que aseguró que precisamente en su agenda de trabajo estarán participando agrupaciones y colectivos, con el objeto de conocer sus opiniones y conformar una ley sólida y de respeto mutuo, de sana convivencia y con paz social.
En la misma sesión, el diputado del PRD, Cuauhtémoc Escobedo, presentó una iniciativa para reformar tanto la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, como la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Administración Pública, estas últimas también de Aguascalientes, con el objeto de que el secretario de Seguridad Pública sea electo por las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo.
La modificación consiste en que el gobernador del Estado deberá turnar al Congreso del Estado de Aguascalientes una terna de profesionales calificados para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual será designado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que lo integran.
