México, 17 dic (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuso este martes al Gobierno de México la reinstalación del grupo de expertos que participaron en el caso de los 43 estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, al considerar que los resultados de la investigación, obtenidos hasta ahora, «han sido infructuosos».
Mediante un comunicado publicado este martes, la CIDH informó que el pasado 3 de diciembre envió al Gobierno de México la propuesta de reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Explicó que después de cinco años de la emisión de la medida cautelar, la Comisión ha activado varios de sus mecanismos para atender las solicitudes de los familiares y dijo que en su trabajo de seguimiento, la CIDH «ha podido constatar el interés en avanzar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, aunque los resultados han sido infructuosos».
Además, la Comisión «ha notado que persiste una serie de desafíos en la investigación», entre otros, la falta de detenciones o la liberación de personas presuntamente vinculadas.
La CIDH recordó que desde que tomó conocimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes solicitó al Estado mexicano «tomar medidas para la búsqueda, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas de los ataques».
Posteriormente, en consenso con el Estado y los representantes de los familiares, la CIDH creó el GIEI el cual brindó asistencia técnica a las autoridades estatales y presentó las conclusiones de su trabajo en dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado.
De hecho, el GIEI contribuyó para contestar la versión oficial de la «verdad histórica» y el mecanismo de seguimiento permitió contribuir con la apertura de nuevas líneas de investigación y la implementación de nuevas tecnologías de búsqueda de desaparecidos.
El texto indicó que la Comisión encontró necesaria la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA) y durante tres años el MESA dio seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI y emitió dos informes con recomendaciones al Estado mexicano apuntando «los continuos obstáculos en la investigación».
Sobre los retos de la investigación, la CIDH destacó que existe una investigación fragmentada, la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y la falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión.
Además, la Comisión ha expresado «su preocupación por las decisiones judiciales que condujeron a la liberación de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes».
«En el escenario actual, la Comisión considera que existen condiciones que han abierto una ventana de oportunidad histórica para avanzar con las investigaciones reforzadas a través del acompañamiento internacional», señaló el comunicado.
La Comisión encontró que después de cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes «las autoridades nacionales deben avanzar en la investigación con resultados» y espera que la asistencia técnica internacional, a partir de la reinstalación del GIEI, «evite la impunidad y ofrezca justicia y verdad efectiva las víctimas».
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Según la versión oficial de lo ocurrido esa trágica noche, los estudiantes fueron incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río.
Sin embargo, el GIEI creado por la CIDH, que investigó el caso, echó abajo dicha versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en el basurero de Cocula.
Además, pidieron investigar el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, el caso se reabrió creándose una comisión especial únicamente para el caso.
