Con apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal, personal de Regulación Sanitaria procedió al desalojo y posterior clausura de un centro de rehabilitación que fue denunciado por estar operando sin cumplir con una serie de disposiciones que regulan ese servicio especializado, además de que los responsables del anexo fueron puestos a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades sobre una serie de presuntas faltas graves en contra de las personas anexadas.
En cuanto iniciaron con la inspección del lugar, en respuesta a una serie de denuncias recibidas, se ordenó retirar del lugar a todas las personas, a fin de colocar los sellos de suspensión y de elaborar el acta respectiva, tras la serie de irregularidades que se observaron en cuanto al estado de las instalaciones, la atención médica que se ofrecía y por otros problemas que comprometían la estancia y la salud misma de las personas anexadas.
Se aseguró que las personas que recibían atención en el centro de rehabilitación fueron trasladadas a un albergue para garantizar su salud física y emocional, mientras que a los dueños del establecimiento se les exigió realizar a la brevedad una serie de mejoras a las instalaciones y equipos, así como a mejorar los procedimientos de atención, bajo la advertencia que de no hacerlo se procederá a la clausura definitiva del establecimiento.
Las autoridades sanitarias indicaron que en atención a la serie de denuncias que se recibieron sobre la forma en la que venía operando el anexo y el trato que se le daba a los pacientes, se solicitó el apoyo de un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad capital, a fin de acudir al establecimiento residencial de atención a las adicciones ubicado en la colonia Del Carmen, en donde tras una verificación, se identificó que incumplían con diversos requisitos estipulados en la Norma Oficial Mexicana 028 en materia de atención médica, por lo que se procedió de inmediato a la suspensión inmediata de dicho lugar.
Asimismo, se precisó que las personas que habitaban en ese anexo fueron trasladadas a un albergue para garantizar su salud física y emocional; en el caso de los encargados de dicho establecimiento residencial, fueron presentados ante las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.