CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En junio se registraron 2 mil 251 víctimas de homicidio doloso en el país; un promedio de 75 al día, que representan cuatro menos que las 79 de mayo.
De acuerdo con el informe diario del gabinete de seguridad federal, el mes pasado se ubicó como el quinto más violento de la primera mitad de este año.
Y cerró el miércoles con un total de 88 víctimas de asesinato, de las cuales 16 fueron en Zacatecas, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) protagonizan una disputa por el control territorial.
Los días 2 y 19 de junio fueron los más violentos con 95 y 94 homicidios dolosos, respectivamente.
En tanto, las entidades con más víctimas son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Michoacán.
La masacre registrada en Reynosa, Tamaulipas, donde 19 personas, la mayoría civiles, fueron ultimadas por células del Cártel del Golfo, que ingresaron a la ciudad fronteriza con Estados Unidos, para «calentar la plaza», marcó el mes de junio pasado.
De acuerdo con la organización Causa en Común, suman 250 masacres en la primera mitad de este año, entre las que destacan el asesinato de siete personas a manos de un grupo armado en un taller mecánico, en Salvatierra, Guanajuato; la irrupción de un comando que mató a siete en Fresnillo y el choque entre grupos rivales en Valparaíso, Zacatecas, que dejó 18 presuntos delincuentes abatidos.
Causa en Común señaló que a dos años del inicio de sus operaciones, la Guardia Nacional no ha logrado disminuir el crimen y la violencia, como la acreditan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Indicó que la impunidad con que actúan bandas de asesinos permite la multiplicación de matanzas en distintos estados del país.
Consideró que no se requieren despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, de vinculación ciudadana y apoyados en una auténtica política de prevención.
«Es preciso recordar que la decisión para crear la Guardia Nacional partió de una estigmatización injusta y sin sustento de los cuerpos policiales, incluida la Policía Federal (PF), a cuyos elementos se acusó de ineptos y corruptos. Esta estigmatización se ha traducido en un abandono institucional y en gravísimos recortes presupuestales destinados a las policías locales», indicó la asociación.
