CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).-
Al lamentar las muertes de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes que realice una investigación pronta y exhaustiva, pero además diferenciada, que no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas por una de las víctimas.
La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, indicó que inició de oficio una queja al respecto, y que estará vigilante del actuar de las autoridades, y en su momento emitirá una resolución, haciendo propicia la ocasión para lanzar un exhorto, tanto a autoridades como a la sociedad en su conjunto para frenar todo tipo de expresiones que alientan y acrecientan la discriminación, prejuicio y odio hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, lo que puede derivar en otro tipo de violencias e incluso en atentados contra su vida.
«Para la Comisión es inadmisible que los decesos ocurrieran en el contexto de diversos señalamientos realizados desde meses atrás en contra de le magistrade Baena Saucedo, quien hace apenas unos días volvió a recibir en redes sociales una andanada de comentarios y publicaciones homofóbicas y discriminatorias, incluyendo frases intimidatorias y amenazantes en su contra por la publicación de una fotografía suya», dijo.
En un comunicado, sostuvo que este hecho demuestra que nuestro país aún está lejos de erradicar los prejuicios y estigmas asociados a las personas de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo cuando ocupan un cargo público o de elección popular, lo que se suma al hecho de que Baena Saucedo fue una persona reconocida como activista y defensora de la diversidad sexual.
Dijo que este caso no es un hecho aislado en esa entidad, puesto que le magistrade recibía amenazas constantes precisamente por defender su identidad de género y, por lo mismo, contaba con escolta desde julio pasado, cuando fue asesinada otra persona activista de la comunidad LGBTIQ+, Ulyses Nava, mientras se celebraba un congreso de la diversidad sexual.
Expresó que la investigación «obliga el estándar de debida diligencia, aplicable cuando pudieran existir dudas acerca de que se trata de delitos que se cometen en razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género -real o percibida- y/o respecto a las características sexuales de las personas, toda vez que pueden constituir una expresión de odio».
La Comisión rechazó cualquier tipo de discurso de odio y discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ+ y llamó a todas las instancias públicas y privadas, actores sociales, sociedad y gobiernos en su conjunto, a frenar y erradicar el contexto generalizado de violencia ejercido en contra de sus integrantes, independientemente del ámbito en el que se desenvuelvan, transiten, expresen o laboren.
«Es necesario, sobre todo, asumir que si bien los climas no matan, sí generan condiciones y entornos favorables a conductas de personas específicas, o peor aún, encubren mecánicas violatorias de derechos humanos y francamente delictivas, por lo que es indispensable esclarecer insospechadamente los hechos y descartar, con transparencia y seriedad, cómo se desarrollaron», dijo.
