CULIACÁN, Sin., septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Los colectivos de búsqueda y de defensa de los derechos humanos plantearon celebrar con urgencia una mesa de diálogo con autoridades para acordar medidas precautorias para proteger las vidas y la seguridad de las rastreadoras, ante el asesinato violento de una de sus activistas, Rosario Liliana Rodríguez Barraza.
En un pronunciamiento dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya y a la fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez, hacen notar que el trabajo de búsqueda que realizan es un trabajo de alto riesgo, en el que privan las amenazas veladas o abiertas, en algunos casos se han abierto carpetas de investigación, sin que se tenga registro de alguna consecuencia.
Se menciona en el documento, suscrito con las firmas de responsables de Oscar Loza Ochoa, Eva Luz Llenes y Micaela González Heras, que la impunidad se ha convertido en el mayor incentivo para quienes llevan a cabo el delito de desapariciones forzadas de personas y de las amenazas a las familias de las víctimas.
De acuerdo al documento avalado por 22 colectivos, entre ellos la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa y el Colectivo Uniendo Corazones, se patentiza que el estado mexicano no tiene una política pública que puede identificar como estrategia integral para detener la práctica de las desapariciones.
Se hace notar que esta dolorosa situación obliga a todos los colectivos a replantear el trabajo de búsqueda, puesto que ahora exige ser acompañados con seguridad y contar con protección en las actividades cotidianas y familiares.
La noche del martes pasado, en la Cruz de Elota, la activista del colectivo «Corazones sin Justicia», Rosario Liliana Rodríguez Barraza, fue sacada de su hogar con lujo de violencia en presencia de un hijo de 17 años por hombres armados.
Una hora después, el cuerpo de la rastreadora, con huellas de golpes severos, fue localizado cerca de las vías. El reporte que se dio a las líneas de emergencia fue que se trataba de una mujer atropellada.
La mujer de 44 años de edad se sumó al colectivo de las rastreadoras en el mes de octubre del 2019, a raíz de que su hijo mayor Fernando Abixahy «N», de 22 años, fue desaparecido por hombres armados que se los llevaron.
Según los reportes, la activista de búsqueda había denunciado en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ser objeto de amenazas, por su trabajo en el colectivo.
