México, 19 jun (EFE).- Miguel Ángel Beltrán, un colombiano que fue expulsado de México hace 10 años, regresa al país a pedir al Gobierno una disculpa pública y la reparación total del daño tras haber sido absuelto de cargos que lo implicaban con las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ahora profesor de la Universidad Nacional de Colombia fue deportado de México en mayo de 2009 en una operación conjunta con las autoridades de su país, quienes le acusaban de haber tenido contacto con Raúl Reyes, un alto miembro de las FARC ya fallecido.
Según un comunicado de la ONG Sin Fronteras, al docente le habían sido concedidos los permisos para entrar en México, pero en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) le negaron los trámites migratorios con un documento que contenía datos falsos.
Al negarse a firmarlo fue «arrastrado por el pasillo» del edificio y llevado a Bogotá (Colombia), donde las autoridades lo privaron de su libertad y lo presentaron como integrante de las FARC.
En 2016 fue liberado tras ser absuelto por la justicia. Por parte de México, según explicó el colombiano en entrevista con Efe, hubo «reconocimiento de que hubo violación a derechos y que el proceso fue irregular».
Aún así, para Beltrán esto no es suficiente y exige ahora una disculpa pública y que se investigue a fondo para saber quiénes fueron los responsables reales de la expulsión del país.
Pedimos garantía de no repetición, que no vuelva a suceder con otras personas (…) Y que sirva también para ilustrar a funcionarios de migración en temas de derechos humanos», añadió.
El profesor está convencido de que lograrán que todas sus peticiones se cumplan aunque sea tras «librar una lucha».
En diez años, según consideró, han logrado muchas cosas y quieren seguir «visibilizando las violaciones que les suceden a los migrantes».
Con respecto a la situación actual de tensiones entre Estados Unidos y México por la afluencia de migrantes centroamericanos y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump para que se reduzca este flujo, Beltrán opinó que «es claro que la política migratoria tiene que estar basada en derechos humanos».
«No puede ser a través de la militarización, el compromiso debe estar dirigido a proteger a los migrantes», agregó.
El profesor pasa actualmente unos días en México, ahora sin ningún problema con el INM, un país en el que, por momentos, se siente más seguro que en Colombia.
«Tras una larga lucha logré demostrar mi inocencia pero en Colombia sigue la persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se firmó un acuerdo y aunque se da la imagen de posconflicto yo creo que seguimos en una situación crítica», sentenció.
El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, firmaron en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país.
Beltrán siente que tiene compromiso «ético y político» de defender y visibilizar situaciones de violaciones a los derechos humanos.
«Todo el tejido social, no solo personas que han sido víctimas, está sufriendo políticas represivas por parte del Gobierno del presidente (Iván) Duque», finalizó.
