México, 15 oct (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México pidió a diversas autoridades federales y estatales investigar violaciones a los derechos humanos de 130 migrantes en el oriental estado de Veracruz en 2018.
La CNDH indicó en un boletín que ha remitido una recomendación por «violaciones a los derechos humanos, la seguridad jurídica, la integridad personal y la protección de la salud» de los extranjeros, derivadas de un operativo llevado a cabo en las inmediaciones del poblado Los Tigres, municipio de Juan Rodríguez Clara.
Refirió que, en palabras de los quejosos, en septiembre de 2018 cuando viajaban a bordo de un tren de la compañía Ferrosur, oyeron disparos de armas de fuego y observaron la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, quienes les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos.
Por ello, algunos tuvieron que tirarse del tren en movimiento, mientras quienes permanecieron a bordo fueron maltratados para bajarlos por la fuerza y detenerlos.
La CNDH recomendó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ubicar a 12 víctimas que resultaron heridas para brindarles atención médica adecuada hasta su recuperación total, y que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
A Durazo en particular le pidió colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, y capacitar al personal de la Coordinación Estatal de esa corporación en derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal en los operativos migratorios.
A su vez, el gobernador García deberá colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Comisión de Honor y Justicia de la SSP de Veracruz contra los servidores públicos involucrados y se anexe copia de la recomendación en sus expedientes laborales.
También deberá capacitar al personal de la SSP sobre derechos a la seguridad jurídica y la integridad personal en los operativos migratorios en que colabore con el INM.
Y al comisionado del INM le recomendó diseñar y aplicar un protocolo de actuación en revisiones migratorias en sitios en que se considere que las personas en migración están en situación especial de vulnerabilidad o que su integridad física esté en riesgo.
Igualmente, le solicitó colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en el INM contra los servidores públicos involucrados y que se anexe copia de la recomendación en sus expedientes laborales.
También deberá capacitar al personal de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, en derechos a la seguridad jurídica, la integridad personal y la protección de la salud en los procedimientos migratorios.
«Adicionalmente se remitirá a la Fiscalía General de la República una copia certificada de la recomendación para que se agregue a la carpeta de investigación que ya se encuentra en integración en dicha institución», puntualizó.
