El director de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez, alertó sobre la irrupción del mercado negro para el desplazamiento de los vapeadores y cigarros electrónicos cuya venta está prohibida, luego de que empezaron los aseguramientos y cierres de los negocios donde se comercializaban de manera ilegal.
Sostuvo que de momento están suspendidos al menos cuatro establecimientos, se tienen inmovilizadas varias de las máquinas expendedoras e incluso ya se presentaron las primeras denuncias penales por la venta de los vapeadores y saborizantes, pero ahora lo que se está viendo es que la comercialización de los mismos se comienza a dar en el mercado negro y con precios que van por arriba de los cuatro tantos de lo que en realidad pudieran costar.
En ese sentido, el funcionario exhortó a los padres de familia a estar muy atentos del uso de los cigarros electrónicos por los jóvenes, pues contra lo que se cree, está comprobado que esos productos resultan ser muy perniciosos para la salud, por lo que “los padres deben estar muy pendientes de esta situación y no creer que los vapeadores son un juguete o cosa parecida”.
Jiménez Macías reveló que por el momento se ha procedido al aseguramiento de más de 5 mil unidades lo mismo de vapeadores que de sustancias para sus recargas, además de que ya se cerraron cuatro locales donde se trabajaban esos productos y en uno de los casos el asunto se llevó hasta la misma Fiscalía General del Estado por la resistencia del dueño del establecimiento a la revisión.
“Al momento llevamos entre 4 mil 500 y 5 mil productos decomisados en los operativos, porque obviamente la gente todavía como que no cree que vamos a llegar, pero estamos haciendo las revisiones, todavía nos faltan algunos establecimientos por visitar, aunque lo que más nos preocupa es que aparezca lo que se llama el mercado negro con la venta clandestina de este tipo de productos”, mencionó.
En algunos establecimientos donde se daba la venta de los vapeadores y las recargas, los dueños se volvieron ojo de hormiga y con toda seguridad comenzaron a trabajar de manera clandestina, incrementando en tres, cuatro o hasta cinco veces el precio de esos productos que están prohibidos debido a su peligrosidad por lo que contienen y producen.
