México, 29 jun (EFE).- La comunicad LGBT mexicana mostró este sábado cuánto ha avanzado en la reivindicación de sus derechos con una multitudinaria marcha hasta la plaza principal de la capital de un país en que persisten los crímenes de odio hacia sus integrantes.
Ondeando banderas arcoíris que simbolizan la diversidad sexual, alrededor de 65.000 personas, muchas de ellas luciendo disfraces, partieron poco después del mediodía desde el representativo monumento conocido como Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, en el centro de la Ciudad de México.
El abogado Antonio Ramírez dijo a Efe que esta la manifestación busca «enaltecer los derechos de todas las personas, de todos los seres humanos, no solamente los homosexuales».
Consideró que la participación de diversas asociaciones jurídicas que apoyaron la movilización enarbolando «la bandera gay, que representa la diversidad sexual a nivel internacional, nos da a conocer que poco a poco el derecho avanza».
Por su parte, la estudiante Lucía, de 19 años, señaló que el avance registrado en los últimos años «es grandísimo».
«Cada vez son más grandes (las marchas), cada vez más gente apoya, dijo la joven, y añadió que «la tolerancia es que, aunque no eres parte de, o tal vez no estés de acuerdo, es el respeto».
Como en otros países, la marcha del Orgullo LGBT (de lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros) conmemora el aniversario 50 de los enfrentamientos que siguieron a la redada policial del 28 de junio de 1969 en el bar gay Stonewall Inn en Nueva York.
Las protestas que siguieron a la operación son ampliamente consideradas uno de los eventos fundacionales del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos y, posteriormente, en otras partes del mundo.
Pero en México la conmemoración tuvo un significado adicional por coincidir con el aniversario 41 del inicio del movimiento por la defensa de los derechos de las personas homosexuales en el país en 1978, cuando un pequeño contingente se sumó a la marcha para repudiar la represión gubernamental contra estudiantes de 1968.
El número 41 tiene en el país una connotación negativa asociada a la discriminación contra los homosexuales porque evoca un suceso ocurrido el 18 de noviembre de 1901 en Ciudad de México, cuando la policía acudió a un inmueble en que se llevaba a cabo una fiesta privada, al parecer por quejas de los vecinos sobre el ruido excesivo.
Al llegar, los agentes descubrieron que en el sitio había solamente hombres, algunos de ellos con vestidos. Los policías los arrestaron por «faltas a la moral».
Algunas versiones señalan que fueron detenidos 42 asistentes, pero que entre ellos estaba Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Porfirio Díaz, por lo que la versión oficial habla solamente de 41. Desde entonces este número conllevó un estigma vinculado con la homosexualidad en una sociedad marcadamente machista.
Si bien la lucha en demanda de respeto ha ido ganando espacios, persisten rezagos como un reconocimiento incompleto al derecho de las personas del mismo sexo a casarse en todo el país.
A la fecha, la legislación de Ciudad de México y los estados de Coahuila, Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California Sur reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En otros estados como Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Puebla se acepta el matrimonio igualitario por orden de la Suprema Corte.
Las personas homosexuales que desean contraer matrimonio en otros estados deben promover un juicio de amparo, pero el procedimiento es engorroso e implica tiempo.
Asimismo, la violencia contra la comunidad LGBT está aún lejos de desaparecer, y México es el segundo país de Latinoamérica donde se cometen más crímenes de odio por homofobia, después de Brasil.
De acuerdo con el informe «Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBT en México: Los saldos del sexenio 2013-2018», de la organización civil Letra S, de enero de 2013 a diciembre de 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra de víctimas ascendió a 473.
Y desde la toma de posesión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, 28 personas del colectivo han sido asesinadas.
El abogado Ramírez señaló a Efe que aunque no puede hacer una evaluación en los pocos meses del actual Gobierno, «en la Administración pasada fueron más estados los que empezaron a legislar o cambiar sus códigos para adecuarlos a la igualdad de derechos».
«Y desafortunadamente quienes se han negado a impulsar estos derechos son partidarios del partido del presidente de la República», aseguró, refiriéndose al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
A su vez, Lucía narró que antes de la marcha «vinieron los del partido y empezaron a gritar ‘putos’. A mí sí me molestó mucho».
