«Es mucho más fácil sugerir soluciones cuando no sabes mucho acerca del problema».
MALCOLM FORBES
En su Proyecto de Nación 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador proponía «impulsar una política nacional de medicamentos y de otros insumos médicos que garantice la sustentabilidad, mediante el fomento de la producción nacional, pública y privada». La promesa se olvidó muy pronto. Hoy el Presidente quiere excluir a los productores nacionales de las compras gubernamentales ya que a todos los considera corruptos: «Si no hay medicamentos se toma un avión… a donde sea para comprar los medicamentos».
Uno de los grandes problemas de importar medicinas, sin embargo, es la distribución. Al Presidente le parece muy fácil. «Es inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas, en todo el territorio nacional y que no lleguen las medicinas a los pueblos». Por eso, «para quebrar el monopolio» de tres empresas «que tenían el control» de la distribución, ha decidido crear un monopolio gubernamental, el nuevo Conasupo de las medicinas. Para ocupar la dirección ha escogido a David León Romero.
León, quien estaba a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, es un funcionario honesto, trabajador y capaz. El Presidente seleccionó, efectivamente, a «uno de los mejores cuadros, uno de los mejores servidores públicos del Gobierno». El problema es que su experiencia en el muy especializado campo de distribución de medicamentos es nula. Las grandes empresas de productos de consumo han dedicado décadas a construir redes de distribución. Los medicamentos son todavía más complejos, ya que requieren almacenes y vehículos con cadenas de frío diferentes para distintos tipos de productos. Aunque la empresa tuviera éxito, el costo sería muy superior al de usar las redes ya existentes.
La antipatía del Presidente a la industria farmacéutica nacional y a las distribuidoras se manifestó desde el principio de su Gobierno. El 20 de marzo de 2019 giró un memorándum a la Secretaría de Hacienda en que se quejaba de que «tres proveedores de medicinas y de materiales de curación vendieron, en 2018, al ISSSTE y al IMSS, 34,280 millones de pesos, el 62.4 por ciento de las compras que llevaron a cabo dichas instituciones. Este hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución». Él mismo reconocía, empero, que no sabía «a ciencia cierta» si había «en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias».
La concentración de 62.4 por ciento, sin embargo, no es ni excesiva ni inmoral. Tres empresas, Red Oak Sourcing, Walgreens Boots Alliace y McKesson, tienen el 81 por ciento del mercado de Estados Unidos; si se suma la cuarta, Econdisc, la concentración se eleva a 90 por ciento (IQVIA, Drug Channels Institute). Las dificultades de la distribución de medicamentos hacen de esta concentración algo natural en el mundo.
Pensar que para combatir una concentración natural de 62.4 por ciento en tres empresas hay que crear un monopolio gubernamental es un craso error. Si bien el Presidente tendrá éxito en su propósito de debilitar a la industria nacional, y destruir miles de empleos, el costo será enorme.
Al Presidente no le importa. «Tenemos disponibles como 50 mil millones de pesos para salud pública, para este año y el que viene». Pero gastar miles de millones de pesos para acabar con una concentración natural de ventas de 34,200 millones es absurdo. Si no fuera dinero tan necesario para la salud de los mexicanos, podríamos tomarlo como una simple ocurrencia y reírnos.
REBOTE
Dice AMLO que la economía ya tocó fondo. Es muy probable. La caída del segundo trimestre fue tan brutal que sólo puede haber un rebote. El problema es cómo construir una recuperación sostenida en el largo plazo. Ésta no tendrá lugar si el Gobierno sigue atacando la inversión productiva.
