Por Erick Cortés.- Texas es uno de los estados más republicanos. De ideología conservadora, la mayoría de su población está a favor del uso de las armas, en contra de los matrimonios igualitarios y del aborto. Por ello, fue uno de los estados donde más personas celebraron el fallo con el que la Suprema Corte volvió ilegal la interrupción del embarazo, en junio del 2022.
Es en este estado, en el condado de Travis, donde una mujer de 31 años llamada Kate Cox acudió a los tribunales en busca de un permiso legal para abortar, pues el feto de 20 semanas ha sido diagnosticado con trisomía, un defecto terminal que también pone en riesgo la salud reproductiva y la vida de Kate.
La jueza Maya Guerra, quien presidió la audiencia de emergencia, incluyó al caso dentro de las excepciones permitidas por la ley del aborto en Texas y emitió un fallo que permite a Kate interrumpir su embarazo. “La idea de que la señora Cox quiera ser madre y que esta ley pueda hacer que pierda esa capacidad es impactante y sería un verdadero error judicial”, dijo en la audiencia.
Pero a pesar del fallo, el republicano Jen Paxton, quien es el fiscal general de Texas, amenazó este jueves con procesar a cualquier médico y hospital que participe en la realización del aborto de Kate, así lo dijo en una carta que fue enviada a todos los hospitales de Houston: “La orden de la jueza no eximirá a los hospitales, médicos o cualquier otra persona de la responsabilidad civil y penal por violar las leyes de aborto en Texas”.
Antes del fallo de la Suprema Corte, Texas ya había implementado sus propias políticas estrictas con respecto al aborto. Una de ellas es la “Ley del latido del corazón”, que desde el 2021 prohíbe el aborto si se detecta actividad cardíaca en el feto, algo que ocurre desde las seis semanas de gestación.
La abogada de Kate ha denunciado la postura del estado y acusa a las autoridades de poner en riesgo la vida de sus ciudadanos por hacer cumplir la ley del aborto.
