«Los jueces no estamos para ser populares. La justicia no se consulta.»
Jaime Laynez Potisek
Por seis votos contra cinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó ayer una decisión que asombrará a jueces y juristas en todo el mundo. Declaró como válida y constitucional una consulta popular para determinar si debe aplicarse la ley a cinco ex-presidentes de la República.
Los acólitos de la Cuarta Transformación han argumentado que la consulta permitirá castigar a quienes siempre han permanecido impunes. Falso. No se necesita una consulta para juzgar al presunto responsable de un delito. La consulta, en cambio, sí puede permitir que quienes han cometido delitos se mantengan en la impunidad si son populares.
Lo curioso es que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que no es un hombre de venganzas, que no quiere montar una cacería de sus predecesores. Ésta sería la posición de un estadista, que debe mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Su insistencia en hacer la consulta, sin embargo, sugiere que o está mintiendo o quiere convertir la consulta en un espectáculo político que influya en los procesos electorales.
Las fiscalías tienen la obligación de investigar los delitos y los ministerios públicos la de procesar a quienes son acusados de cometerlos. No se necesita una consulta popular para hacer justicia. Por el contrario, si una consulta popular determina que un presunto responsable de un delito no debe ser procesado, estaría promoviendo la impunidad. Es exactamente lo contrario de lo que dicen los voceros de la 4T.
Con esta consulta el Presidente busca generar un ánimo de linchamiento contra los ex-presidentes, a los cuales acusa constantemente de haber cometido toda suerte de delitos. El linchamiento se prolongará ahora en un período electoral. Al final, como la consulta no puede inventar delitos, ni pruebas para procesar a los ex-presidentes, López Obrador podrá darse el lujo de «perdonarlos» y mostrar al pueblo su magnanimidad.
Sorprende que seis ministros de la Corte avalaron esta simulación de justicia, que no es otra cosa que la legalización del linchamiento. Quizá se entiende. El presidente López Obrador los fustigó constantemente desde su púlpito. El propio Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, que por tradición vota al final de las sesiones del pleno para eliminar empates sin influir sobre sus colegas, lo hizo desde el principio. El propósito era marcar una línea a los ministros.
Los ciudadanos tenemos razones para estar preocupados. La separación de poderes se debilita cada vez más en nuestro país. El Senado, una cámara del Legislativo, presentó la iniciativa para la consulta por órdenes del Ejecutivo. El Poder Judicial ha refrendado ahora la posición de que es correcto someter la justicia a una consulta, a pesar de que esto pueda hacer que se procese a inocentes y se deje en la impunidad a delincuentes.
Coincido plenamente con el ministro Luis María Aguilar, quien en su proyecto determinó que la iniciativa incurre en «un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el estado de derecho mismo». Estoy de acuerdo también con el ministro Jaime Laynez, quien advirtió que «la justicia no se consulta».
Pero de nada sirve ya. La Corte ha legalizado los linchamientos y ha abierto las puertas a la impunidad de los políticos que gocen de popularidad. Ayer fue un día aciago para quienes creemos que México merece vivir en un estado de derecho.
Fideicomisos
Si los fideicomisos promovieron la corrupción, ¿por qué no presenta la Fiscalía acusaciones contra los responsables? Pero no, en México vivimos un régimen en el que la corrupción se ha convertido en excusa fácil para la concentración del poder y del dinero público, lo cual, sin duda, generará más corrupción.
Twitter: @SergioSarmiento
