CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).-
Debido a que no se cumple el requisito para asumir competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) devolvió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región el amparo que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, tramitó contra la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delito electoral.
Por lo que será esa instancia la que resolverá se otorga la protección de la justicia a Sandoval Castañeda, preso en el penal federal de la capital nayarita.
La Primera Sala de la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat, en el que argumentó que la demanda de amparo no tuvo como fin cuestionar la constitucionalidad de alguna norma o disposición de observancia general, debido a que la litis se limita a la revisión de la resolución del juez que consideró procedente imponer la medida cautelar.
En la demanda de amparo, Sandoval Castañeda alegó que la decisión de imponerle la prisión preventiva es ilegal porque no se tomó en cuenta que ya se encuentra en prisión preventiva por otros delitos, por lo que no existe necesidad de cautela «debido a la imposibilidad del señor Sandoval de sustraerse de la acción de la justicia».
Para los ministros, está sustentada la negativa de amparo a Sandoval Castañeda, la cual está debidamente motivada y la misma era necesaria porque, entre otras cosas, el señor Roberto Sandoval se ocultó luego de la emisión de las diversas órdenes de aprehensión giradas en su contra, no cuenta con arraigo en Nayarit y tiene facilidades para abandonar la entidad.
En julio de 2021, Sandoval Castañeda, acusado por su exsecretario de Seguridad, Edgar Veytia, de tener vínculos con los Beltrán Leyva, en el juicio contra Genaro García Luna, solicitó la protección de la justicia contra la resolución del juez de control del Centro Regional de Justicia Penal, con sede en Tepic, quien determinó imponerle la medida cautelar de prisión justificada por riesgo de sustraerse de la justicia.
