Aguascalientes.- Aguascalientes junto con Chiapas, Nuevo León y Zacatecas duplicaron el porcentaje de víctimas de corrupción durante el 2017 en relación al 2015.
El incremento en la corrupción en 20 entidades, entre ellas Aguascalientes, influyó a nivel nacional registrándose un incremento de 2 puntos porcentuales.
A propósito del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre, el INEGI informó que en Aguascalientes el 14.6% de la población mayor de edad ha sido víctima de algún acto de corrupción.
Asimismo el Estado ocupa la segunda posición a nivel nacional en cuanto a la población que ha sido víctima de algún acto de corrupción en trámites, con una incidencia del 6.3%, únicamente superada por el 7.4% en Chiapas y en un nivel inferior a Aguascalientes se encuentran San Luis Potosí y Nuevo León con el 5.8%, seguidos de Zacatecas con el 4.5%.
Sin embargo la mayoría de las personas que han sido víctima de algún acto de corrupción no denuncia, en Aguascalientes el 86.6% no lo hace por diversas cuestiones, entre ellas por miedo a represalias, por falta de tiempo, consideran que la corrupción es una práctica muy común porque se obtuvo un beneficio, se considera que es una pérdida de tiempo, que es inútil y no le darán seguimiento a la queja o simplemente porque no se sabe ante quién denunciar.
La incidencia de personas que no denuncian la corrupción a nivel nacional es inferior que en Aguascalientes con el 82.6%.
Aguascalientes también forma parte de la lista de entidades que cuenta con un plan o programa de desarrollo estatal y temas de ejes rectores incluidos para el combate a la corrupción, pero aún así es uno de los Estados donde más ha avanzado este fenómeno.
Sin embargo, no todas las entidades que indicaron considerar la lucha contra la corrupción como eje estratégico de desarrollo contaron con un plan o programa específico anticorrupción.
En cuanto al tipo de acciones incluidas en los planes estatales anticorrupción, destaca la capacitación con base en códigos de ética y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana, las cuales estuvieron contempladas en casi todos los programas estatales anticorrupción.