Aguascalientes.- Desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes cuestionaron el alza al salario del alcalde de Calvillo, así como modificaciones al Reglamento de Gestión Social de San José de Gracia, al establecer un catálogo de “tipos de apoyo” en que no se especifica a detalle algunos conceptos, ambos publicados el pasado 20 de febrero en el Periódico Oficial del Estado.
Así se externó vía un posicionamiento en que se explica que en la publicación del pasado 20 de enero de 2020, resaltan “entre otros, dos hechos relevantes” y precisan, “el primero, da cuenta en la página 32, donde se da a conocer el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Calvillo y el segundo, en la página 52, el Reglamento de Gestión Social de los integrantes del H. Cabildo de San José de Gracia”.
Luego apuntan, “reprochamos que el importe de percepciones mensuales (brutas) del alcalde de Calvillo sea $101,621.79 pesos, sólo aproximadamente inferior al del Presidente de México y al gobernador del Estado por $10,300 pesos y $4 mil pesos, respectivamente”.
Asimismo cuestionan si para la aprobación de dicho tabulador se sometió a consulta, señalando que “los municipios de San José de Gracia y Calvillo, según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 dado a conocer por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, son los municipios de más población en pobreza del Estado.
; San José de Gracia con el 59.6% de su población y Calvillo con el 56.7%”.
Por lo que demandan al Ayuntamiento de Calvillo “a que reculen en este hecho y se aprovechen los recursos en disminuir la desigualdad en ese municipio”.
Para el caso de San José de Gracia cuestionan que en el Artículo 4 establezca una especie de catálogo de “tipos de apoyo” y no se especifiquen a detalle algunos conceptos y exhortan “enérgicamente al H. Ayuntamiento de San José de Gracia que corrija esta situación, que el recurso destinado para gestión social contribuya al combate de la desigualdad y que se establezcan criterios justos y equitativos de asignación de cualquier tipo de recurso y que esta información se difunda a todos sus habitantes para que puedan acceder a esto sin dificultad ni favoritismo”.
