México, 7 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña prohibir el «fracking» pero el presupuesto de 2020 contempla dos proyectos con esta técnica de extracción por 10.837 millones de pesos (564,8 millones de dólares), cuestionaron este jueves organizaciones consultadas por Efe.
La fractura hidráulica se contempla en los planes del Aceite Terciario del Golfo, en la costa del Atlántico mexicano, y de Aceite y Gas en Lutitas, que incluye la perforación de 82 pozos en seis entidades del oriente y noreste del país, precisa Beatriz Olivera, investigadora de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar.
Además de «no materializar el compromiso del presidente», la experta señala que esto «preocupa» porque la técnica consiste en extraer gas con perforaciones en tierra de hasta 5 kilómetros de profundidad, en las que usan hasta 29 millones de litros de agua y 750 productos químicos diferentes, como el benceno, considerados cancerígenos.
«Se trata de una práctica que está prohibida en otros países por el principio precautorio, justo por sus impactos ambientales, por los impactos que tiene sobre todo en el agua, en cuanto al acceso y al uso de la misma, y también la contaminación», expone Olivera, también integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
López Obrador llegó al poder en diciembre pasado, cuando estipuló como su compromiso número 75 de un total de 100 no usar «métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el ‘fracking'».
«Estamos aplicando una política de conservación, de cuidado del agua, de una buena administración, de un buen uso del agua. Estamos evitando prácticas de extracción de hidrocarburos con el método del ‘fracking'», afirmó el mandatario en una conferencia de prensa matutina del 25 de octubre.
Sin embargo, Olivera cuestiona estas afirmaciones, al señalar los proyectos presentes en el presupuesto del 2020 y cuatro pozos autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en febrero pasado en el oriental estado de Veracruz.
«Sabemos que no es suficiente con su palabra, lamentablemente, porque sí se siguen autorizando este tipo de pozos. Entonces urgimos a que exista una ley, en el Congreso, que se discutan al menos estas (seis) iniciativas que ya están (presentadas). O bien que el presidente emita un decreto de suspensión», manifiesta Olivera.
La investigadora asevera que México es uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos que se podrían explotar mediante fracturación hidráulica.
Durante años, continúa, el «fracking» se ha llevado a cabo con opacidad, pero se han detectado afectaciones ambientales, sociales y de salud pública por esta técnica, en particular en el oriental estado de Veracruz.
Paul Alejandro Sánchez, director de Ombudsman Energía, coincide en que el presidente «parece no entender» o está «desinformado» sobre en qué consiste la técnica al asegurar que Petróleos Mexicanos (Pemex) aún contempla en sus planes de desarrollo y presupuesto este tipo de proyectos.
«No se ve en el futuro próximo que esto vaya a cambiar. Y no se está pasando ninguna regulación, ninguna ley o mecanismo en este momento que prohíba que ningún operador, incluido Pemex, utilice la fractura hidráulica como un mecanismo para extraer hidrocarburos», observa.
Sánchez pide al Gobierno mexicano abrir el debate porque existen implicaciones por el «riesgo de que las cosas se hagan mal», pues «no está claro» si los proyectos en curso respetan las regulaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las Comisiones Estatales del Agua (CEA).
«Queda muy al aire o queda muy ambiguo el hecho de no saber ni siquiera cuál es el cumplimiento de los estándares que se están aplicando en este momento. Como no queda claro esto, es muy difícil medir los riesgos y los impactos», manifiesta el especialista en energía.
