México, 12 nov (EFE).- Líderes empresariales de México presentaron un recurso «Amicus Curiae» ante la Suprema Corte contra la reforma legal que extiende de dos a cinco años el mandato del gobernador del estado noroccidental de Baja California, Jaime Bonilla, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó este martes en un comunicado que su presidente, Carlos Salazar, y los titulares de los 12 organismos que lo conforman presentaron el lunes de forma conjunta y como ciudadanos un Amicus Curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, expuso, es «allegar consideraciones al Decreto 351 aprobado por el Congreso del Estado de Baja California -la llamada ‘Ley Bonilla’-, que extiende a cinco años el mandato del gobernador, contraviniendo el periodo de dos años por el que fue elegido el 2 de junio y vulnerando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos».
Señaló que el Amicus Curiae es un mecanismo por el que terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal que aporte elementos relevantes para consideración del Poder Judicial.
En el escrito presentado a la SCJN, el CCE sostiene que la legislación vulnera la Constitución federal, según la cual las leyes electorales deben modificarse con cuando menos 90 días de antelación al inicio de un proceso electoral.
La reforma impugnada fue aprobada por el Congreso estatal en julio, después de los comicios que llevarían a Bonilla a asumir la gubernatura el 1 de noviembre.
Los líderes empresariales también señalaron que los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un gobernador que duraría en el cargo dos años, por lo que la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto.
Argumentaron igualmente que la determinación del periodo del cargo no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, «pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad».
Ello se traduciría «en un régimen de democracia aparente donde de facto se alteran los periodos de ejercicio del cargo sin tomar en cuenta la libre expresión de la voluntad de los electores», sostuvieron.
Finalmente, indicaron que el artículo 116 constitucional establece que los gobernadores cuyo origen sea la elección «en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo», lo que significa que «se prohíbe cualquier forma de reelección, incluyendo las formas en las cuales se pueda simular la misma».
Por todo ello, reiteraron su condena a la aprobación de esta ley, «que se contrapone a la expresión de la ciudadanía en las urnas y pone en entredicho la democracia y el Estado de Derecho en Baja California».
El pasado 24 de octubre, la SCJN admitió a trámite cuatro recursos presentados por partidos opositores contra la intención de Bonilla de extender su mandato.
El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC) presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad en contra de la «Ley Bonilla».
Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de dos años, en lugar de los seis habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país.
Sin embargo, el Congreso de Baja California aprobó en julio alargar ese mandato, algo que ha sido duramente criticado por la oposición y tachado de inconstitucional por juristas expertos.
