México, 1 feb (EFE).- Defensores de derechos humanos combatirán la «contrarreforma» judicial que la Fiscalía General de la República (FGR) y miembros del gabinete de seguridad del Gobierno mexicano presentarán en el segundo periodo de sesiones del Congreso, que inicia este 1 de febrero.
El paquete de iniciativas sería «un gran retroceso» en materia de derechos humanos porque desharía avances de la reforma de 2008, que creó el sistema de justicia penal acusatorio en el país, advirtió Verónica Garzón, coordinadora del área internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
«Estas reformas en muchos sentidos contravienen tratados internacionales ratificados por México, contravienen normas de derecho internacional y derechos humanos, e incluso normas internas que ya habían sido armonizadas con base en esos estándares internacionales de protección», expuso Garzón en entrevista con Efe.
La Fiscalía y funcionarios federales, con apoyo de legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), habían programado anunciar, el 15 de enero, un paquete de reformas a la Constitución, varias leyes de seguridad y el reemplazo de los actuales Código Penal federal y los estatales con uno único.
Sin embargo, tras filtrarse un borrador a organizaciones civiles, que advirtieron sobre violaciones a los derechos humanos y la vulneración de la presunción de inocencia, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pospuso la presentación oficial de la iniciativa, primero al 1 de febrero y luego a mediados de este mes.
Estas reformas reflejan una tendencia a una política criminal «estrictamente punitiva» del Gobierno federal, que ha tenido una actitud «ambivalente», denunció Garzón.
«Por un lado, esta administración ha señalado que está en su agenda prioritaria la protección de derechos humanos de todas las personas, sobre todo de grupos en situación de vulnerabilidad, pero lo cierto es que, por debajo del agua, muy claramente y deliberadamente, se llevan a cabo todas estas prácticas», opinó.
DERECHOS EN RIESGO
Cuestionado por periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó estar involucrado en la reforma judicial al afirmar que conoció el tema al leer una nota en un diario.
«Ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré. No la he visto, no la conozco. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros», aseveró el mandatario durante su conferencia matutina del miércoles.
No obstante, aunque el Gobierno federal ha desconocido la reforma, si la iniciativa se presenta como se ha difundido, implicaría la violación del debido proceso para los ciudadanos, apuntó Alfredo Utrera, abogado defensor de derechos humanos.
Las nuevas leyes, precisó el jurista, permitirían a los jueces admitir pruebas obtenidas de manera ilegal, como declaraciones bajo tortura, y debilitarían los mecanismos que determinan si una detención es legal.
Asimismo, añadió, ampliaría a «prácticamente todos» los delitos la figura del arraigo, una medida cautelar que permite a las autoridades tener a su disposición a un presunto delincuente, por lo general en su domicilio.
«Consiste prácticamente en poner un castigo ejemplar a la sociedad para efecto de disuadir conductas delictivas. Esta política criminal está claramente demostrada que no tiene efectos positivos», aseguró el abogado en entrevista.
La reforma también criminalizaría la libertad de expresión de los mexicanos al revivir delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y la ofensa a las instituciones, advirtió Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 en México.
«Esta no es una discusión únicamente en torno al ejercicio periodístico, es una discusión en torno al ejercicio de la libertad de expresión de cualquier persona de este país, que corre el riesgo de ser criminalizada con este tipo de delitos», argumentó.
ESPERANZA DE CAMBIO
La polémica en torno a la reforma da «esperanza» para frenar en el Congreso sus partes negativas, expresó Diego Martínez, abogado en AsiLegal.
Aun así, el jurista lamentó que esto se sume a otras medidas, como la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, una reforma constitucional que aprobó el Congreso en diciembre de 2018, en el primer mes del actual Gobierno federal.
Martínez cuestionó que la Fiscalía adopte la teoría de incrementar castigos y endurecer medidas en lugar de mejorar las investigaciones para reducir la impunidad.
«Se está yendo por lo complejo, en lugar de atender lo urgente y lo necesario, que es una investigación científica de calidad, una investigación que realmente, dé como consecuencia encontrar a los responsables de los delitos, y por tanto, someterlos a la justicia», concluyó.
