A través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispos de todo México demandaron que se garantice la protección y el ambiente de paz en este proceso electoral, a partir de ahora y hasta el día de las elecciones el próximo 2 de junio, señalando que el peor de los escenarios que pudiera ocurrir, es que se dé la injerencia de grupos del crimen organizado. Ante ello, destacaron la urgencia de que autoridades como la Guardia Nacional, la SEDENA y la Secretaría de la Marina, vigilen en todo momento el proceso electoral.
En ese tenor, los obispos mexicanos indicaron que “consideramos necesario que las autoridades responsables de la seguridad ciudadana y las fuerzas del orden: SEDENA, Guardia Nacional y SEMAR, a nivel estatal y nacional, garanticen la protección y el ambiente de paz, de tal manera que se eviten, por motivos electorales, las agresiones, los atentados y los lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y demás ciudadanos”.
Expusieron que “el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento. La democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa”.
Destacaron la importancia de que haya unas campañas limpias, legales y austeras, donde se favorezca el ejercicio del voto libre, informado y secreto, esto sin ningún tipo de manipulación, engaño ni injerencias indebidas de las autoridades gubernamentales de cualquier índole.
Indicaron que “toca a las autoridades un correcto desempeño en sus responsabilidades para garantizar la participación ciudadana. Toca a los responsables de las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), actuar con apego a la imparcialidad y la justicia, con ética y competencia profesional, para garantizar que el proceso se desarrolle con plena legalidad y con oportuna corrección de las anomalías que pudieran presentarse”.
