México.- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este lunes ante el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la «grave crisis» de derechos humanos en México, agravada por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, según dijeron.
«Los efectos de la crisis sanitaria y económica han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad», expresaron las ONG en un comunicado.
Las organizaciones entregaron un diagnóstico de la crisis de derechos humanos en México durante la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el viernes pasado.
En el encuentro, dijeron, estuvo presente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció, «en parte», la magnitud de esta crisis y vieron como positivo que se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones forzadas.
Sin embargo, en la práctica «se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad», indicaron las ONG.
Recordaron que la crisis de desapariciones forzadas se mantiene en el país, con un registro oficial de más de 73.000 personas desaparecidas, según los datos actualizados este mismo lunes.
Del mismo modo, enfatizaron que las personas defensoras de derechos humanos, «particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio», han sido blanco de agresiones y, desde inicios de 2019, 33 activistas han sido asesinados.
Mientras que la violencia de género «se torna particularmente alarmante con el encierro», pues en promedio 11 mujeres son asesinadas en el país diariamente, además de que cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual.
Explicaron que estos datos «dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia».
También recordaron el impacto de las medidas de austeridad del Gobierno sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.
Dijeron que el cierre de la negociación el pasado abril del tratado comercial entre la Unión Europea y México «evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos».
También refleja la falta de evaluaciones del impacto en derechos humanos y ambientales en proyectos de infraestructura del Gobierno como el Tren Maya, un ferrocarril turístico en construcción en el sureste del país.
También pidieron diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos y que el Gobierno mexicano haga públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea.
