México.- La muerte de 8 presuntos narcotraficantes durante un tiroteo la pasada semana en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo fue en realidad una ejecución extrajudicial, denunció este miércoles a Efe el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
Según el activista, los policías estatales realizaron el montaje ayudados por elementos del Ejército, quienes acordonaron el lugar de los hechos, a fin de "aparentar que la autoridad está trabajando y le está ganando la carrera a los criminales" en el estado, uno de los que más sufre la violencia en México.
"Si la autoridad estatal no puede combatir la delincuencia con la aplicación de la ley, va a buscar la ilegalidad para obtener el mismo resultado. Y para ello le quitaron la vida a varias personas haciéndoles pasar por sicarios", denunció el activista.
De acuerdo con la versión oficial, la mañana del 5 de septiembre sucedió un tiroteo entre policías estatales y presuntos narcotraficantes.
Por el lugar circulaba una camioneta blindada color negro con cinco hombres armados vestidos con uniformes militares similares a los que usa la Marina Armada de México, pero en sus chalecos antibalas estaba escrito 'Cartel del Noreste', anteriormente llamados los Zetas.
Los policías y delincuentes intercambiaron disparos y un presunto sicario murió en el interior de la camioneta mientras el resto se refugió en el interior de un domicilio.
El resto de los presuntos criminales murieron en la casa, según el reporte de la Procuraduría.
El enfrentamiento ocurrió después de que militares y efectivos de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas reforzaron la vigilancia en las estaciones de venta de gasolina debido a reportes de que estaban siendo amenazadas para que no venderle a patrullas de las fuerzas de seguridad.
No obstante, Ramos apuntó que las imágenes de los cinco hombres y tres mujeres fallecidos, vestidos con uniforme estilo militar pero con chalecos del cártel y difundidas por el Gobierno estatal, fue "un auténtico montaje".
Para afirmar esto se basan en distintas pruebas, entre ellas el testimonio de una mujer superviviente llamada Kassandra, hija de uno de los ejecutados, Severiano Treviño Hernández.
"Ella estaba en casa de su papá, Severiano, con su bebé, cuando llegaron esos policías a allanar el domicilio, los golpean a ambos y al señor le obligan a vestir un uniforme militar, le ponen casco botas y, esposado, lo dejan tirado en el piso, a Kassandra la sacan del domicilio con su bebé y ella escucha los disparos", relató.
Además de este testimonio, cuentan con el de varias personas que refieren que "sus familiares también habían sido sacados de sus domicilios" en una calle a cinco minutos de distancia.
Según Ramos, estos denunciaron que "no hubo balacera (tiroteo) no hubo persecución, todo apunta a que eso hombres y mujeres los metieron en un domicilio y los fueron matando uno por uno con un tiro de gracia".
A esta intuición se suma que "las casas de los vecinos no tienen impactos de bala, como sucede en estos enfrentamientos".
Además, la organización cuenta con varios vídeos grabados por las cámaras de seguridad de los domicilios del vecindario, en los cuales se ve el vehículo en el que supuestamente viajaban las personas que luego fueron abatidas, arrastrado por una grúa, siguiendo a varios coches patrulla.
Sobre el caso, el subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lo calificó de "gravísimo" y "va en contra de la política de defensa de derechos humanos que ha planteado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".
Encinas dijo a medios en Ciudad de México que se tiene que "hacer una investigación a fondo de los hechos, el Gobierno federal de ninguna manera va a tolerar ninguna práctica como la ejecución extrajudicial y se deben deslindar responsabilidades".
Explicó que el Gobierno federal colaborará con el Gobierno del estado de Tamaulipas "le compete al Gobierno estatal hacer esta primera fase de la investigación y en caso de ser necesario plantearemos la posible atracción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)".
Este caso recuerda al de Tlatlaya, municipio del Estado de México, ocurrido en 2014, donde militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 "presuntos criminales" habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.
