Miami, 23 ene (EFE News).- Las autoridades carcelarias floridanas tienen clasificados de «manera inexacta» a 9.000 presos latinos, lo que induce a pensar que son menos los encarcelados de esa comunidad, según ha descubierto una investigación de la Universidad Estatal de Florida (FSU).
«Los latinos y las latinas de Florida están mucho más afectados por el encarcelamiento masivo de lo que se creía anteriormente», dijo a Efe el antropólogo Cyrus O’Brien, uno de los investigadores.
O’Brien lamentó que los datos del departamento encargado del sistema penitenciario en Florida no sean «transparentes» y destacó que para la investigación fue necesario contrastarlos de una manera cuidadosa.
Según la investigación, que O’Brien y Deborrah Brodsky, directora del Project on Accountable Justice de FSU, prevén divulgar a finales de enero, «las disparidades raciales y étnicas se han estado ocultando a simple vista».
Según la organización sin ánimo de lucro y no partidaria Prison Policy Iniciative, en Florida hay 176.000 personas recluidas en cárceles, prisiones federales, correccionales para jóvenes y centros de detención de inmigrantes, lo que significa una tasa de 833 presos por cada 100.000 habitantes.
Esa tasa sobrepasa ampliamente la media de EE.UU. (698 por cada 100.000) y todavía más la de la países europeos, que van de los 130 por 100.000 habitantes del Reino Unidos hasta los 38 por 100.000 de Islandia.
Prison Policy Iniciative (prisonpolicy.org) destaca que el porcentaje de personas blancas encarceladas en Florida (41 %) es inferior al peso que esa comunidad tiene en la población del estado (58 %), mientras que en el caso de afroamericanos (46 % y 16 %) y latinos (23 % y 14 %) es a la inversa.
O’Brien indicó además que al observar subgrupos más pequeños de toda la población carcelaria, constataron que los latinos «están encarcelados de forma desproporcionada por delitos relacionados con los opioides», los potentes analgésicos que se obtienen con prescripción médica que han generado un grave problema de adicciones en el país.
El experto señaló que ello puede obedecer a un trato discriminatorio hacia los hispanos, dado que el uso de opioides parece ser más bajo entre ellos que en el resto de la población del país, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Es muy probable que esta desproporción sea debida a «disparidades en el arresto y el enjuiciamiento», señaló.
«La mayor parte de la investigación sugeriría que estas disparidades son impulsadas por un sesgo implícito en lugar de formas abiertas de discriminación, pero estas disparidades son perjudiciales independientemente de sus causas», precisó O’Brien.
Por otro lado, los latinos, como muchas otras comunidades en Florida, están sometidos a penas excesivas por el tráfico de opioides, pese a cambios en las leyes estatales que han suavizado el castigo, pero no han sido aplicadas de forma retroactiva.
O’Brien dijo que el poder legislativo de Florida «debería usar» la Enmienda 11, aprobada en 2018 por la mayoría de los votantes, para reducir retroactivamente las condenas por drogas.
En ese sentido, para este antropólogo, Florida debería seguir el ejemplo de estados como Georgia, Texas y Nueva York, y «repensar dramáticamente su enfoque de encarcelamiento».
Más de un tercio de los 176.000 presos actuales en Florida podrían ser liberados hoy, según el centro de estudios Urban Institute.
O’Brien subrayó además que hay otras formas «de responsabilizar a las personas sin separarlas de sus familias y sin que cueste miles de millones de dólares» al estado.
Más de 5 millones de niños estadounidenses han tenido encarcelado a uno de sus padres y más de 300.000 de esos niños están en Florida, según The Annie E. Casey Foundation.
La «tragedia» de la separación familiar del sistema penitenciario de Florida empeora aún más por el hecho de que entre las familias separadas las de color son «desproporcionadamente» más, enfatizó el antropólogo.
Por otro lado, O’Brien indicó que a nivel nacional, el encarcelamiento de mujeres ha crecido mucho más rápido que el de los hombres y que las leyes referidas a las drogas juegan un papel particularmente crucial en esa expansión.
El experto concluyó que «el encarcelamiento masivo en Florida es el producto de una generación de malas decisiones políticas, y se necesitará un movimiento local basado en la comunidad para reparar el daño».
Entre tanto, grupos civiles y comunitarios como la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Nueva Mayoría de Florida han señalado que darán prioridad este año a defender la excarcelación de estas minorías.
La activista Ida Eskamani señaló que son personas que «cumplen sentencias injustas y anticuadas, particularmente en torno a delitos de drogas que ya no son válidos».
O’Brien se mostró optimista de que la nueva legislación «promete aumentar la transparencia de los datos y la capacidad del público de saber qué está sucediendo dentro del gobierno y las cárceles de Florida».
