“Castigo. Justicia que los culpables aplican a quienes son detenidos”. ELBERT HUBBARD
Este domingo 26 de julio un grupo de policías ministeriales de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Chiapas detuvo en Tuxtla Gutiérrez a Gerardo Vicente Grajales Yuca, médico de profesión. El juez de instrucción le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; o sea, el doctor tendrá que permanecer en prisión mientras se le juzga y se determina si es responsable del delito que se le imputa. Aunque al final se le declare inocente, será castigado con privación de la libertad durante los meses o los años que dure su proceso.
¿Cuál fue el terrible acto de corrupción que ha llevado a la cárcel al doctor Grajales? Pidió a la familia de un paciente, un político influyente, que aportara los insumos médicos que necesitaba para el tratamiento y que el hospital público en el que trabajaba no le había proporcionado.
Los Colegios Médicos de México, usualmente ajenos a la política y a las exigencias públicas, señalaron en una carta: “Condenamos la detención violenta, abusiva e ilegal en contra del Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, especialista en medicina de urgencias en un hospital público de Chiapas. Seguimos indignados ante el hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento que generan algunos actos de la justicia donde se criminaliza actos médicos sin previa investigación, sometiendo a los profesionales a la privación de la libertad”.
La denuncia contra el médico fue promovida por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex-dirigente del Partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció de Covid-19 a principios de julio. La denunciante consideró como un acto de corrupción que el médico hubiera pedido a la familia los insumos que le permitirían dar tratamiento al paciente.
No es éste el único caso ni en Chiapas ni en el país en que los facultativos piden a los familiares medicamentos o insumos para tratar al paciente. Con los recortes al gasto de salud y el desplome del sistema de adquisición de medicamentos, las instituciones de salud pública están sufriendo una angustiosa escasez de todo. Recientemente narré el caso de Ángel de Paz, quien falleció de Covid también en Tuxtla, en un hospital del ISSSTE, donde el personal solicitó a los familiares “algodón, agua y medicamentos”. Pero ni los médicos ni los enfermeros solicitan estos productos porque sean corruptos, sino porque no los reciben de la autoridad que debería proporcionarlos.
No es que falte dinero. El 27 de febrero narré el caso de 10 contratos otorgados simultáneamente y por asignación directa a contratistas sin trayectoria y muchos con direcciones falsas. Todos estos contratos se otorgaron el 11 de diciembre de 2019, al empezar el período vacacional, y se concluyeron, milagrosamente, el 31 de diciembre. Los proyectos eran para la instalación de redes de gases medicinales a un precio de más de 68 millones de pesos en total, diez veces más de lo que debieron costar. Si bien el artículo daba toda la información sobre estos contratos fraudulentos, nadie en el Instituto de Salud de Chiapas ni en el Gobierno federal se preocupó.
Mientras estos casos de corrupción se mantienen en la impunidad, la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Chiapas detiene a un médico por el delito de no tener los insumos necesarios para dar tratamiento a un paciente con influencias políticas. La culpa no es del médico, sino de un sistema que sigue permitiendo la corrupción mientras castiga a los inocentes en vez de a los corruptos.
POR WHATS
Las averiguaciones previas deben ser privadas, pero los juicios públicos. Éste es un viejo principio jurídico. Pero en el caso de Emilio Lozoya la averiguación ha estado marcada por filtraciones, mientras que la audiencia inicial se ha reportado sólo por WhatsApp.
Twitter: @SergioSarmiento
