Washington, 19 may (EFE News).- Estados Unidos extendió por 30 días más el cierre de la frontera con México para viajes no esenciales y mantendrá por tiempo indefinido una norma bajo la cual se autoriza la expulsión de inmigrantes que ingresen sin autorización al país por los límites terrestres, como medidas para evitar la propagación del coronavirus.
Así lo confirmó este martes el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf, en declaraciones difundidas por ese despacho, que reúne a varias de las agencias encargadas de los asuntos migratorios.
«No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta Administración esté convencida de que hacerlo es seguro», señaló Wolf, quien destacó que los esfuerzos de los últimos meses por limitar las pasos no esenciales «han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo».
Estados Unidos y México acordaron restringir desde el pasado 21 de marzo los viajes no esenciales para evitar la propagación del coronavirus, una medida que había entrado en vigor previamente en el linde con Canadá. Ambas decisiones fueron renovadas en abril pasado.
Según la información difundida por el DHS, la restricción en el paso desde México estará en vigor hasta el próximo 22 de junio.
Este martes, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que han llegado a un acuerdo con EE.UU para mantener cerrada su frontera a todo tráfico considerado no esencial al menos hasta el próximo 21 de junio.
«Apreciamos nuestra colaboración con México y Canadá para garantizar que América del Norte trabaje conjuntamente para combatir la pandemia mundial en curso», agregó Wolf.
A su vez, el Gobierno de México anunció este martes su acuerdo con Estados Unidos para extender 30 días más las restricciones a los viajes terrestres no esenciales en su frontera común para combatir la propagación del coronavirus en ambos países.
La extensión de las medidas al tránsito terrestre no esencial se tomaron «tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en México y en aquel país», informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en su cuenta de Twitter.
La SRE confirmó en su mensaje que las restricciones continuarán en los mismos términos en los que se ha desarrollado desde que se implementaron el 21 de marzo. «Ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza», indicó la SRE.
Las restricciones establecidas no impiden el tránsito comercial de alimentos, de combustible, de equipos de atención médica y de medicamentos por la frontera entre ambos países.
La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, es además una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día.
Por otra parte, Chad Wolf se refirió igualmente, en otra nota, a la decisión del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert R. Redfield, de extender las restricciones de salud pública del Título 42 en las fronteras terrestres, hasta que determine que el grave peligro de la COVID-19 ha cesado.
Amparado en ese título, la Administración del presidente Donald Trump ha «expulsado», según medios locales, a 20.000 inmigrantes que han atravesado sin autorización.
«Esta orden ha sido una de las herramientas más importantes que el Departamento ha utilizado para prevenir la propagación del virus y proteger al pueblo estadounidense, a los oficiales de primera línea del DHS y a quienes están bajo su cuidado y custodia de la COVID-19», agregó el secretario interino, citado en la declaración.
La decisión, difundida por los CDC detalla que la extensión entrará en vigor a la medianoche del 21 de mayo y permanecerá hasta que el director de ese organismo determine que el peligro de una introducción mayor de COVID-19 en Estados Unidos por parte de extranjeros «ha dejado de ser un peligro grave para la salud pública».
Al reaccionar a la medida, Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), consideró en un comunicado que el presidente «está empeñado en explotar una crisis de salud pública para lograr su objetivo de larga data de poner fin al asilo en la frontera».
