Washington, 5 mar (EFE News).- El gobierno del presidente Donald Trump pedirá al Tribunal Supremo anular la decisión de un tribunal de apelaciones en California que a partir del 12 de marzo bloquea el programa que envía a México a los migrantes que llegan al país pidiendo asilo.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, aceptó el miércoles el pedido del gobierno de Trump de mantener hasta el 11 de marzo las restricciones de ese programa, conocido como «Permanezca en México», a fin de que el Supremo decida si acepta pronunciarse sobre el caso.
Desde su inauguración, hace más de un año, el programa «Permanezca en México» ha enviado al país vecino a más de 60.000 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos que deben aguardar allí el trámite de sus peticiones de asilo.
Legisladores y grupos de derechos civiles estadounidenses han denunciado que los migrantes forzados a permanecer en México viven en condiciones deplorables, expuestos a la violencia y sin acceso razonable al asesoramiento legal.
El fallo del Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión anunciada el viernes según la cual ese programa viola las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales sobre asilo, y «causa daño extremo e irreversible».
El gobierno de Trump argumentó que la aplicación de ese fallo alentaría a miles de migrantes para que intenten ingresar al país, y requirió la intervención del Tribunal Supremo.
De hecho, a finales de febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerró temporalmente el puente fronterizo que une El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México) debido a una concentración inusual de migrantes en el lado mexicano después de que este mismo tribunal decidiese bloquear la medida del gobierno.
Ahora, si el Supremo no acepta el pedido del gobierno para ocuparse del caso, la orden del Tribunal de Apelaciones de bloquear la medida entrará en vigor el 12 de marzo aplicándose sólo en California y Arizona, estados fronterizos con Mexico sobre los cuales tiene jurisdicción el Noveno Circuito.
Pero si el Supremo acepta escuchar los argumentos de las partes y extiende una orden de emergencia, el programa «Esperar en México» seguirá aplicándose hasta que haya una decisión del alto tribunal.
Según Ana Raquel Deveraux, del Centro de Derechos de los Inmigrantes en Michigan, este programa ha incrementado la separación de familias, con padres migrantes que prefieren que sus hijos enfrenten solos el proceso de asilo en Estados Unidos.
Antes que estar juntos por tiempo indefinido en campamentos peligrosos, levantados en alguna ciudad fronteriza mexicana, los padres optan por lo que piensan es mejor para sus hijos y los dejan continuar solos el camino, para que sean procesados por la Patrulla Fronteriza como menores no acompañados, añadió la activista a Efe.
La semana pasada, un tgrupo de legisladores hispanos denunció que el presidente Trump intenta ocultar de la vista publica la crisis migratoria en la frontera sur al alejar de EE.UU. a los solicitantes de asilo, y todo ello con la complicidad del Gobierno de México.
Junto a otros legisladores, médicos y abogados, el legislador hispano Joaquín castro criticó en una conferencia de prensa el programa federal, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), que hasta enero había enviado a más de 60.000 solicitantes de asilo a diferentes ciudades de la frontera norte de México.
Allí deben esperar a que sus casos sean escuchados por jueces de inmigración, «que actúan por videoconferencia», como señalaron los legisladores, sin contacto personal y lejos de las tiendas de campaña que funcionan como tribunales en los puentes fronterizos.
Por su parte, la congresista Verónica Escobar, que al igual que Castro es representante de Texas, acusó a México de complicidad para llevar a cabo «abusos masivos de derechos humanos» en la frontera.
«Lo digo con firmeza y claramente: México es cómplice», señaló la congresista, por permitir el envío de miles de solicitantes de asilo a ciudades peligrosas del vecino país, «que el propio Departamento de Estado aconseja no visitar» a los ciudadanos estadounidenses.
Un grupo de 17 congresistas visitó hace en enero un campamento improvisado que formaron unos 2.000 migrantes trasladados a la ciudad mexicana de Matamoros, la mayoría centroamericanos.
«Es una vergüenza. Son condiciones que no deberían enfrentar las personas que buscan asilo legalmente en nuestro país. Son seres humanos», agregó.
