Miami, 5 oct (EFEUSA).- La libertad de prensa fue violada en mayor o menor grado, desde asesinatos de periodistas hasta leyes restrictivas, en todo el continente americano desde octubre del pasado año, según se constató este sábado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami.
La lectura de los informes país a país sobre la situación de esa libertad fundamental, con la que se abrió la segunda jornada de la Asamblea en la que la SIP celebra sus 75 años, presentó un panorama sombrío, con solo algunas luces aisladas.
Desde la anterior Asamblea General, celebrada en octubre de 2018, han sido asesinados en América 18 periodistas y contando solo los últimos seis meses, 13, de los cuales siete casos ocurrieron en México, el país que encabeza la «lista negra» en este aspecto.
También ha habido dos asesinatos en Colombia, dos en Brasil, uno en Honduras y otro en Haití, según informó el mexicano Roberto Rock, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP a los participantes.
A la lectura de los informes precedió la proyección de un video con la imagen y nombres de los periodistas asesinados y además los asistentes guardaron un minuto de silencio puestos en pie.
Dos de ellos eran colombianos (Librado Montenegro y Mauricio Lezama), que fueron víctimas máximas de las amenazas a informadores que se registran especialmente en «zonas de disputa entre ilegales», según dice el informe de Colombia.
Martha C. Ramos, de Organización Editorial Mexicana, que leyó el informe sobre México, dijo a Efe que desde que en diciembre de 2018 asumió la Presidencia Andrés Manuel López Obrador «la violencia en general ha aumentado» en el país y, en el caso de la dirigida a la prensa, hay «ineficiencia» por parte del Gobierno para atajarla.
Once periodistas han perdido la vida de manera violenta en México desde la asunción de López Obrador, pero en solo seis de los casos se ha podido establecer que su muerte estuvo ligada al ejercicio de su labor periodística, explicó Ramos.
Esa distinción es la que hace que las cifras de asesinatos de periodistas varíen según las distintas fuentes, agregó.
La responsable del informe sobre México también destacó a Efe la mala relación y el «desinterés» de López Obrador por los medios.
En este mismo sentido, Rock dijo a Efe que la «estigmatización» de la prensa y de los periodistas por parte del poder político, algo que se está registrando en varios países, es la razón de que los responsables de elaborar el informe de Estados Unidos estén más ocupados desde que está Donald Trump en la Casa Blanca.
Un ejemplo del empeoramiento de la situación es que en Costa Rica, uno de los países con una democracia más afianzada en el continente y cuyo presidente, Carlos Alvarado, es periodista, la «libertad de prensa y expresión ha sido violentada en múltiples ocasiones en este periodo», según el informe leído en la sesión.
La situación en Cuba fue expuesta por Lucila Morales, del medio «La Hora de Cuba», de Camaguey, cuyo responsable, Henry Constantini, no pudo viajar a Estados Unidos.
El informe de Cuba es uno de los que más expectativas e interés despierta junto a los de Venezuela y Nicaragua en las asambleas de la SIP.
Morales subrayó que la «única reforma» que el Gobierno cubano ha puesto en marcha en materia informativa en 2019 ha sido mantener la presión y censura sobre la prensa independiente, incluyendo amenazas de enjuiciamiento a un amplio número de periodistas.
La periodista cubana criticó el «megaoperativo» realizado contra Yoani Sánchez, del digital «14ymedio»; José Jasán Nieves, de «El Toque», y Abraham Himénez Enoa, de «El Estornudo», a los que se prohibió salir de sus domicilios.
En el informe se asegura que se producen casos de «agresión digital», como intentos de «hackeo» y suplantación de identidad, así como el hostigamiento y prohibición de acceder a lugares donde se producen noticias.
En declaraciones a Efe Morales indicó que en los últimos meses han registrado una «mayor represión» sobre la prensa independiente, que, según dijo, busca evitar que los medios se hagan eco del «descontento» reinante en el país por la intensificación de la crisis económica y la falta de combustibles.
La lectura de los informes país por país se hará en varias sesiones, intercaladas por la proyección de vídeos de la campaña #Exprésate, que la SIP puso en marcha después de la Asamblea General de 2018 para concienciar sobre la importancia de la libertad de expresión.
También fue interrumpida la lectura de este sábado por paneles, como uno para presentar el nuevo Índice de Chapultepec, que se está elaborando para medir la actuación de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, en cada país en relación con la libertad de prensa y expresión.
Andrés Cañizalez, de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, que esta a cargo de elaborar el índice, explicó la metodología que están usando para poder medir si hay leyes o proyectos de ley restrictivos, censura previa, demandas o encarcelamientos de periodistas, facilidad de acceso a internet, derecho al olvido o derecho de réplica.
Cañizalez explicó que no se trata de hacer un «ranking» de países sino un índice para poder comparar si la situación mejora o empeora en cada país.
En buena parte de los países se registraron además todo tipo de agresiones a periodistas, amenazas y destrozos a sus materiales de trabajo.
En Argentina, la polarización política alimentó «conductas intolerantes», incluidas agresiones verbales a informadores.
A ello hay que sumar que estos «agravios» se producen cuando es probable que el nuevo gobierno argentino responda al kirchnerismo, que se caracterizó por «embestidas» a la prensa, según el informe.
Mientras en Ecuador se «diluyó en parte» la censura del gobierno de Rafael Correa, se siguen registrando agresiones a los periodistas, que sufren además trabas para realizar su trabajo.
Estas dificultades se repiten también en Estados Unidos, con la administración del presidente Donald Trump «abiertamente antagónica» hacia la prensa, que ha sufrido el «menosprecio» del mandatario, que ha declarado a los periodistas como el «verdadero contendiente» en las elecciones de 2020.
En Bolivia, las quejas tuvieron como origen el «bloqueo» de la concesión de campañas de publicidad por parte de organismos públicos para grupos periódicos independientes, así como la «censura previa» aplicada por el Tribunal Supremo al impedir difundir encuestas de cara a las elecciones generales el 20 de octubre.
