“Quien aspire a la justicia debe saber que
la única justicia de verdad efectiva es la
que no representa una venganza”.
William Ospina
El domingo primero de agosto el rencor y odio que alberga en su mente el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende llevar al patíbulo a cinco ex-presidentes a través de la consulta popular propuesta por él, con la finalidad de ‘preguntar’ al pueblo –lo que no hizo para comprar la refinería texana de Deer Park- si estamos de acuerdo o no en someter a juicio a los ex-presidentes de la República Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por ser los representantes del neoliberalismo que ‘hundió’ a México.
En Francia hasta el reinado de Luis XIII los criminales generalmente acusados de traición eran ahorcados y luego exhibidos ante el pueblo para advertirles de las posibles consecuencias de sus actos. La brutalidad y despiadada escena trataba de establecer un símbolo de la indomable fuerza del régimen en contra de quien conspiraba o disentía. México no fue la excepción en la época de la Colonia.
En marzo del año 2019, siendo presidente López Obrador, el Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para someter a proceso penal al Presidente de la República, no sólo por traición a la patria –que se establecía como único delito a juzgar-, sino también por hechos de corrupción y delitos electorales, entre otros. Dicho en otras palabras, en este momento es factible enjuiciar al Presidente en el caso de la comisión de alguno de los delitos arriba descritos, pero un principio del derecho en México es que ninguna ley puede ser de carácter retroactivo en perjuicio de una persona, lo que significa que los cinco ex-presidente a los que pretende llevar al patíbulo de la nación no serían sujetos de juicio bajo la premisa de no retroactividad.
La intención de juzgar, linchar e injuriar sus nombres en la historia reciente sólo tiene un ingrediente, el político, borrar, enlodar, ensuciar treinta años de gobierno, no más sexenios para atrás, porque están los que le dieron el cimiento ideológico de la verborrea y manipulación mediante los programas sociales. Busca borrar de los libros de la historia un régimen que sólo le sirve de referente de corrupción para convencer al pueblo de la Cuarta Transformación que dicho con todo respeto (dixit amlo) destila los mismos aromas.
La consulta, además de la sevicia, de la bilis presidencial, contiene un tufo de cobardía, porque azuza a una masa manipulada por el ‘maiz’ convertido en dinero –público- disfrazado de programas sociales para que salga a ‘votar’ por el oprobio popular contra cinco ex-presidentes y se exonera de integrar los expedientes de corrupción que dice se cometieron –es innegable- para canjearlo por monografías de cuatreros con letreros de ‘se buscan’ para ser conducidos al patíbulo de la nación.
Si un ciudadano en conocimiento de la comisión de un delito está obligado a denunciar, cuanto más el mismo Presidente, que posee toda la información y documentación, por lo que debió presentar denuncias en contra de quien haya cometido los presuntos delitos, máxime que no han prescrito, como es el caso de Enrique Peña Nieto, a quien no menciona ni por equivocación, en cambio endereza todos los días epítetos en contra de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa quien, por cierto, de acuerdo con la encuesta de Massive Caller, es uno de los mejores ex-presidentes.
El gran hacedor de las comedias nacionales busca entretener al respetable con escenas conmovedoras de ‘justicia’, mientras que la cáfila de la 4T saquea y se sirve con la cuchara grande, los dos millones de pesos recibidos por su hermano Pío para la campaña están purificados porque no son moches, son ‘aportaciones’, o que los 103 millones de pesos que le entregaron para remodelar su estadio de beisbol de su equipo Las Guacamayas sean justificables en una época de austeridad, o los 365 millones de pesos entregados por Pemex mediante contratos a su prima Felipa, sólo tuvieron por justificación que se trató de un error, menos existe cargo de conciencia, ya no digo delito, cuando su hermano José Ramiro se benefició de un crédito por 1 millón 771,000 pesos otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. No solicita juicio en contra de su cuñada Concepción Falcón, involucrada en un presunto desfalco por 223 millones de pesos al municipio de Macuspana, Tabasco, municipio del que es originario el Mandatario federal.
Tocante a su equipo de funcionarios las cosas mantienen la misma tonalidad, corrupción, porque al inicio de su mandato le explotó el caso de Manuel Bartlett Díaz, quien resultó un magnate inmobiliario, comenzando por la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del Gobierno de transición del Presidente, y que está a nombre de Jesús González Torres, político que ha trabajado desde hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett Ávila, quien vendió 20 respiradores al IMSS a sobreprecio, se rehusó voltear a ver los desfalcos por 186.7 millones de pesos en la Conade, cometidos por la complacencia o negligencia de Ana Gabriela Guevara y denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. Acusó a las farmacéuticas de estar coludidas con el viejo régimen neoliberal, pero cerró los ojos ante el escándalo de su ex-delegado del Gobierno federal en Jalisco, el empresario farmacéutico Carlos Lomelí Bolaños, quien montó una red farmacéutica conformada por nueve empresas que comparten los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, para venderle a la 4T, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública informó que tenía siete investigaciones abiertas en contra de Lomelí por haber incurrido en conductas irregulares.
La consulta es un montaje escénico, porque el buen juez por su casa empieza.
