El traidor de la patria

Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, se fue con toda su furia emocional en contra del ex-secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien acusó de ser “traidor a la patria” por su presunto uso de dinero de una empresa extranjera para financiar la campaña presidencial. Ayer se mostraron en este espacio las debilidades y falsedades en la acusación de Gertz Manero, a quien Emilio Lozoya, el ex-director de Pemex, quien le inyecta combustible a su temperamento, le ha ocultado un episodio que muestra quién realmente traicionó a la nación, donde el fiscal, ignorante de esto, es su cómplice involuntario.
Todo se remonta al 3 de diciembre de 2012, en vísperas de que Lozoya asumiera formalmente la dirección general de Pemex, y cuatro días después de que apareció en la presentación formal del Gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña Nieto. Ese día se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Etano, entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Braskem Idesa, una empresa formada por la filial de Odebrecht, y la compañía propiedad de la familia política del primer secretario de Comunicaciones en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú.
Ese día Pemex, con el aval de su director entrante Lozoya, modificó lo que se le llama la “cláusula de inmunidad”, que le daba ventaja jurídica a la petrolera mexicana en cualquier diferendo jurídico con Braskem Idesa, y mediante el cual la podrían mantener de rehén, como ha sucedido desde hace casi seis años, por incumplir con el suministro de gas natural al complejo petroquímico Etileno XXI, que hasta 2019, representaba tres mil millones de pesos en penalizaciones. La cancelación de esa cláusula dejó vulnerable a Pemex y benefició a la empresa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado varias veces de que ese contrato es “leonino”, y ha querido modificar los términos del contrato, sin éxito hasta ahora. López Obrador no trae buena puntería y Gertz Manero no lo ayuda. No se puede modificar el Convenio por los candados que tiene en el capítulo de Solución de Controversias, que es lo que tendría que estarse desanudando, y que se cambió, muy raramente cuatro años después de haberse firmado el contrato, y muy extrañamente como primer acto autorizado por Lozoya. El inciso clave del Convenio es el 12.6, sobre la Inmunidad”, donde Pemex “expresamente renuncia, de manera irrevocable con relación a sí mismo y a sus activos, a cualquier derecho de inmunidad que tenga ahora o en el futuro”.
De esa forma, el Pemex de Lozoya se entregó a Braskem Idesa, que buscó esa modificación ante los problemas que estaba teniendo en los tres años previos con el suministro de gas, y entendiendo que, sin esa modificación, no podía poner de rodillas al Gobierno mexicano. El contrato, en el momento en el que se suscribió el 19 de febrero de 2010, tenía sentido. La idea original había surgido en el Gobierno de Vicente Fox ante los excedentes de etano. Hasta ese entonces el etano, que sirve para la petroquímica, se incorporaba en las ventas de gas metano, que no sirve para la petroquímica, porque no había tecnología para separarlo del petróleo.
La planta petroquímica Proyecto Etileno XXI fue diseñada para ello, por lo que se construyó una fórmula de precio que establecía el máximo de precio al gas entregado en la petroquímica de Mont Belviu en Texas, menos el costo del transporte. Era un buen negocio para Pemex en ese entonces, ante los excedentes de etano, que rápidamente fueron siendo chupados por Braskem Idesa. No mucho después de la firma del contrato, el gas, que Pemex se había comprometido a entregar, comenzó a escasear, con lo que la fórmula del precio explotó. Para que pudiera seguir operando la planta se comenzó a importar etano, con lo cual la arquitectura del contrato orientada hacia la exportación perdió su costo de oportunidad porque se empezó a importar el etano, más lo que costaba el transporte.
El contrato se convirtió en “leonino”, como califica ahora López Obrador, por lo que el sucesor de Lozoya en Pemex, José Antonio González Anaya, al enfrentar el alto consumo del gas etano, que no había más en México, y la caída en los precios de petróleo, comenzó una larga negociación con Braskem Idesa para modificar la fórmula del precio. La empresa que operaba Etileno XXI se resistió a modificarlo, y después de la elección presidencial de 2018, rompió las negociaciones con Pemex y dijo que ya no hablarían más con la administración de González Anaya, y esperarían a negociar con el Gobierno entrante.
El nuevo Gobierno de López Obrador tampoco se arregló con la empresa, y han tenido que vender más gas etano a Braskem Idesa de lo que le dio el Gobierno de Peña Nieto, para limitar el monto de las penalizaciones. Pero el problema sigue siendo el mismo, la falta del producto, lo que llevó a interrumpir los suministros acordados en el contrato. El modelo del contrato se le conoce en la industria como “take or pay”, que es normal en los suministros de largo plazo asociados con inversiones en infraestructura, como es Etileno XXI, mientras que Pemex tiene que entregar el gas o pagar.
El Gobierno de López Obrador está atrapado por Braskem Idesa, pero no por el contrato en sí mismo, que pudo haber modificado por la llamada “inmunidad soberana”, que le da márgenes en los tribunales, pero que anuló la modificación de la cláusula 12 del Convenio. En Palacio Nacional ha habido frustración, y han pensado en proceder penalmente contra la empresa, sin haber encontrado aún la forma jurídica correcta. López Obrador está atado de manos, gracias a las decisiones del equipo entrante a Pemex, encabezado por Lozoya, que, por favorecer a Odebrecht, recibió sobornos por más de 10 millones de dólares.