México, 26 jun (EFE).- El Embajador de Canadá en México, Pierre Alaire, expresó este miércoles preocupación por el arbitraje internacional solicitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra las empresas TransCanada e IEnova por el contrato del gasoducto marino sur de Texas-Tuxpan.
«Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos», apuntó el diplomático en Twitter.
IEnova, filial de la estadounidense de gas natural Sempra Energy, informó el martes que la CFE inició un proceso de arbitraje para solicitar por eventos de fuerza mayor la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicio de transporte del gasoducto.
Además, la CFE ha solicitado en el arbitraje el reembolso por pagos por capacidad fija relacionados a dichos eventos.
IEnova y Transcanada alegaron que la CFE inicialmente «reconoció las cláusulas conforme al contrato y que ahora consideraba indebidos».
Según el comunicado, las partes mantienen conversaciones y los socios analizan el contenido del arbitraje ya que el contrato «es resultado de una licitación pública internacional, y sus términos y condiciones fueron establecidos por la misma CFE bajo los estándares de mercado».
IEnova señaló en el comunicado que «para poder proveer el servicio de transporte, la CFE tiene que emitir una constancia de aceptación con la fecha de inicio de operación comercial, la cual aún no ha emitido».
El inicio del arbitraje provocó que las acciones de Ienova perdieran este día el 4,55 % y se cotizaran en 77.02 pesos (unos 4,03 dólares).
Desde su campaña a la presidencia y tras su llegada al poder, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en diversas ocasiones ha asegurado que respetarán los contratos ya firmados en la reforma energética impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto.
El 11 de febrero, López Obrador acusó a funcionarios de anteriores administraciones de trabajar ahora en empresas privadas de energía, muchas de ellas extranjeras, y de participar en un «plan perverso» para debilitar a la CFE.
«Hubo negocios jugosos al amparo del poder público, con contratos leoninos que favorecen a particulares», subrayó.
El Gobierno mexicano señaló entonces a la mexicana Carso, a IEnova y a TransCanada de que pese a que tenían detenidos siete grandes gasoductos recibían subsidios que suponían un gasto de 21.000 millones de dólares para la CFE.
Con este arbitraje, la CFE pretender evitar pagar 890 millones de dólares a Ienova, que el pasado 11 de junio anunció la conclusión de uno de esos siete gasoductos que quedaron inconclusos de la administración anterior.
