México, 11 jun (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500 % y 900 % de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, publicadas por el Gobierno mexicano.
La principal cúpula del sector privado en México acusó al Gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», aseveró en un comunicado.
El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775 % en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407 % las de media tensión y en 446 % las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.
El incremento, que se dio a conocer este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se aprobó por unanimidad el 28 de mayo en una sesión extraordinaria de la CRE días después del exhorto público de Manuel Bartlett, director de la CFE.
La subida de este costo, que representa los cargos por el servicio de transmisión de electricidad que los privados pagan a la CFE, arriesga «la capacidad de las empresas para sostener a toda su plantilla laboral», aseguró el CCE.
«Impactan directamente a la estructura productiva de una parte significativa del PIB (producto interno bruto). Pero las repercusiones de la medida no se detendrán ahí y llegarán hasta el consumidor final, quien verá incrementarse significativamente su costo de vida», advirtió.
El aumento de las tarifas es el último choque entre el sector privado y el Gobierno provocado por el cambio de política energética durante la pandemia.
Se suma a la batalla legal abierta contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, y la política de la Secretaría de Energía (Sener), fechada el 15 de mayo.
Mientras que el CCE considera que todo esto afecta al 14 % del PIB, las distintas asociaciones de compañías energéticas de México aseguraron este miércoles que están en peligro 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500 empleos en el país.
Aunque el Gobierno argumentó en un inicio que el propósito es garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido que busca dar un «trato justo» a la CFE ante el «saqueo» de los privados, sobre todo extranjeros.
El CCE reiteró este jueves que estos actos han ocurrido en «opacidad», además de no respetar los procesos estipulados por la Ley Federal de Mejora Regulatoria.
«Las amplias consecuencias de esta acción desafortunadamente impactarán a la competitividad, al empleo, a las exportaciones, a los mexicanos y su costo de vida. Este ‘electrolinazo’ es indefendible», concluyó.
