México, 24 feb (EFE).- Empresas mexicanas afrontan este año la mayor transformación laboral en la historia reciente ante los cambios que deben implementar por el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la lucha del Gobierno federal contra la subcontratación abusiva u «outsourcing».
Entre los cambios que se avecinan están la garantía de la democracia de los sindicatos, las negociaciones colectivas, el aumento al salario mínimo y la creación de un sistema de tribunales que resuelvan las disputas laborales, explican activistas, académicas y empresarios consultados por Efe.
Aunque la negociación del T-MEC «tuvo un rol para acelerar las cosas», por las exigencias de Estados Unidos y Canadá, la reforma laboral aprobada en mayo pasado era «una deuda pendiente» con los trabajadores mexicanos, considera este lunes Rogelio Gómez, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
«En los ámbitos empresariales, de toma de decisiones y de construcción de agenda común del sector privado, nosotros vemos una actitud muy positiva, de que el ‘statu quo’ era insostenible y que a nadie le conviene una situación donde no hay justicia laboral», manifiesta.
El experto se refiere al panorama en el que 78 % de los trabajadores, unos 25,5 millones, no tiene un empleo «digno», lo que incluye un salario suficiente, seguridad laboral, días de descanso, libertad de asociación, y acceso a salud y seguridad social, como reveló este mes el Observatorio de Trabajo Digno.
Pese a la «apertura» de los empresarios, que incluso proponen un gradual salario mínimo de bienestar de 6.500 pesos al mes (343 dólares), casi el doble del actual, Gómez advirtió un «temor» a la formación de sindicatos conocidos como «charros», que en México suelen controlar los patrones o líderes corruptos.
«Yo no veo señales en México de renovación del sindicalismo, yo lo que veo es cómo los liderazgos de siempre se acomodan en el discurso, pero van a tratar de mantener el ‘statu quo’, que no defiende derechos laborales», señala.
RETO AMBICIOSO
La renovada Ley Federal del Trabajo proviene a su vez de una reforma constitucional aprobada en febrero de 2017, que se considera «la más importante en materia de empleo» desde la Revolución mexicana de 1910, asevera Joyce Sadka, profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Esto implica, precisa, reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.
«Es un reto muy grande, sobre todo el tema de los tiempos. La implementación es sumamente ambiciosa. Tiene que ocurrir en un lapso de cuatro años, ya vamos a la mitad del primer año, entonces sí es un reto en cuanto a los recursos», menciona la especialista en economía y derecho.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) reportó el año pasado un rezago de 438.000 expedientes, de los que «varios» son anteriores al 2012.
Esto ocurre, detalla Sadka, porque los casos demoran en promedio más de tres años en resolverse, aunque la ley establece que deben concluirse en menos de 105 días.
Aun así, la investigadora califica de «sólida y buena» la agenda laboral del Gobierno actual.
«Están alineados los incentivos porque queremos que el tratado de libre comercio funcione, pero también queremos que los derechos de los trabajadores de verdad se respeten, entonces me parece que es una coincidencia feliz de objetivos», opina.
EL «OUTSOURCING»
Otro punto de incertidumbre es el combate a la subcontratación, conocida como «outsourcing», pues hay un dictamen en el Senado que «prácticamente prohíbe» y «criminaliza» la actividad, advierte Elías Micha, director general de la agrupación empresarial Tallentia MX.
«Legislar de manera punitiva o retrógrada sería lanzar a varios trabajadores a la informalidad y México tiene una arquitectura laboral bastante disfuncional porque hay menos de 21 millones de personas que tienen un trabajo formal contra más de 35 millones que están en la informalidad», argumenta.
En México 8 millones de personas tienen un contrato bajo este esquema, que representa al 40 % de los trabajadores formales, informa el representante del sector privado.
Legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusan a la subcontratación de prácticas como la evasión fiscal y registrar a los trabajadores con un menor salario al real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunque Micha reconoce que estas acciones ocurren, sostiene que no son un mal inherente del «outsourcing», pues también sucede en la contratación ordinaria, además de estar prohibidas desde 2012.
Por esta razón, aplaude la postura del Gobierno federal de no hacer mayores ajustes a la ley y de combatir la subcontratación abusiva con un grupo interinstitucional, anunciado el mes pasado.
«Las políticas públicas que se han implementado son lo suficientemente robustas y le dan una enorme capacidad al Estado para hacer cumplir la ley. Entonces lo que nosotros decimos es: no es necesario modificar, es necesario hacer cumplir», afirma.
