“Los matanceros de hoy, serán las reses del mañana”.
Anónimo
Ayer se llevó a cabo la Consulta Popular para decidir si se ejercita acción penal en contra de los ex-presidentes, solicitada por el actual mandatario López Obrador para que el “pueblo bueno y sabio” decidiera aplicar o no la justicia en contra de los neo-liberales que “saquearon” al pueblo de México. “Es una trampa” (dixit Beatriz Pagés), porque en el fondo encierra perversas intenciones y no la acción de juicio al pasado.
Con la consulta busca neutralizar a los posibles adversarios políticos de cara a la sucesión presidencial, como lo son Ricardo Anaya, Enrique Alfaro y Ricardo Monreal, si es que la votación le resulta favorable. Si le fuere adverso el resultado, sus baterías se enfocarán en el Instituto Nacional Electoral, acusándolo de no haber realizado una campaña de difusión y buscará su desaparición, allanando el camino para que su sucesora (Claudia Sheinbaum) tenga árbitro a modo.
La consulta además servirá de homilía toda la semana, en las conferencias matutinas para justificar la aplicación de la “Cuarta Transformación” y demostrar la “pureza” de su intención de redimir el perverso pasado enlodado de corrupción, pero sin tocar el presente.
La consulta ha sido vendida mediáticamente por el señor de la 4T y corifeos como un acto justiciero en contra del neo-liberalismo, aseveración por demás falsa. La Consulta Popular es producto de una modificación constitucional realizada en el año del 2014, cuando fue modificado el artículo 35 de la Carta Magna, en su fracción VIII, cuyo texto establece: “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) El Presidente de la República (López Obrador lo solicitó);
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
La consulta por sí misma no tiene efecto vinculante para enjuiciar si la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y aun así no significa que los actores políticos vayan a la cárcel, porque se tendría que proceder a la presentación de la denuncia con pruebas que permitan vincular a proceso.
La engañifa de la consulta consiste en hacer creer a los habitantes del mundo cuatroteriano, donde posee el voto duro, que por primera vez se está juzgando a los ex-presidentes, cuando para hacerlo no se requiere una consulta, sólo se ocupa conocer del ilícito cometido, presentar la denuncia y punto. Incluso el mismo presidente López Obrador está cometiendo un acto ilegal, porque al tener conocimiento de los presuntos delitos cometidos por los ex-presidentes, su responsabilidad es denunciarlos, no solicitar al pueblo la opinión para hacerlo.
Otro argumento jurídico expresado por los expertos en leyes que señalan la consulta como atole con el dedo, consiste en la prescripción del delito, es decir, si existía y no se denunció en tiempo, concluye la oportunidad para hacerlo.
La consulta popular en el marco de la ley es el instrumento ideal para preguntar al pueblo su aceptación o no de temas trascendentes, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el corredor Transístmico, donde ahí sí aplicó su voluntad, mientras que en el aeropuerto de Texcoco sus acólitos la elaboraron y seguramente hasta la votaron sin los formalismos de la ley.
Tampoco se le compra al Peje su discurso de que son diferentes y ahora sí se combate a los corruptos, pese a que no comienza por su familia y equipo de trabajo, y cobardemente para encarcelar a los actores políticos del pasado se lava las manos y pide al pueblo sean ellos los que lleven a la picota de la deshonra pública a sus enemigos.
Como buen cronista de anécdotas no verificados de la historia, se brinca el capítulo de las detenciones de corruptos en el pasado, y no cita el sexenio del presidente priísta Enrique Peña Nieto, en el que se detuvo al gobernador de Veracruz Javier Duarte y a su gobernador interino Flavino Ríos; al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías; al gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García; a Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo; a Tomás Yarrington de Tamaulipas; al gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo; y aquí en Aguascalientes a Luis Armando Reynoso Femat.
Mientras que con Felipe Calderón pisaron la cárcel dos perredistas: Pablo Salazar Mendiguchía, quien pasó 17 meses en prisión, y Narciso Agúndez, que estuvo preso, acusado de peculado, durante 203 días.
Con Vicente Fox, que ofreció lo mismo que López, en realidad sólo metió a la cárcel a Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo.
En un Gobierno de austeridad, atravesando por una crisis de salud, de empleo, de inseguridad, pese a los 500 millones de pesos gastados, la consulta es un distractor más, como lo han sido los actos bien ensayados en el “morning show” solicitando la disculpa de España y el Vaticano, la venta del avión, la rifa del avión, la rifa de la casa del “Chapo”, el quién es quién de los periodistas, el municipio o ranchería donde se vende más barata la gasolina, cambiar de nombre al árbol de la Noche Triste, y cuántos juegos de entretenimiento se le ocurran para mantener “con alfileres” un Gobierno disfuncional y con tufo a corrupción.
Como el Gobierno de la 4T es de absoluta austeridad, en la consulta nos están dando gato por liebre.
