México, 7 sep (EFE).- En México sólo el 8 % de las empresas de exploración del subsuelo son nacionales y de las 476 compañías establecidas en esta nación para esta actividad, la mayoría son de inversión canadiense, señalaron este sábado expertas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ese porcentaje indica que «existe disparidad respecto al capital de origen de las empresas» dedicadas a la exploración del subsuelo, afirmó la investigadora Aleida Hernández Cervantes, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM en un comunicado.
Apuntó que dicha situación «afecta de manera primordial a pueblos y territorios indígenas, por lo que es importante conceptualizar y sistematizar las estructuras jurídicas del despojo».
Dijo que también se deben «analizar actores económicos y sociales de la actual fase de acumulación por desposesión, como las empresas transnacionales, los organismos económicos internacionales, los Estados nacionales las organizaciones sociales y los pueblos».
Precisó que de las 476 compañías establecidas en el país para realizar dicha actividad, 437 son de capital extranjero: 336 de inversión canadiense y 44 estadounidense, según datos del Anuario de Actividades Extractivas de 2018, de la asociación civil FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
Además, los proyectos mineros en México pasaron de 667 en 2010, 1.531 en 2018, es decir, más del doble en ocho años, señaló la investigadora
Durante la presentación del seminario internacional «Derecho, despojo y luchas sociales», indicó que hay 312 proyectos en operación vinculados a rubros como transporte, electricidad e hidrocarburos.
Dijo que existen 21 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, operados por empresas como Iberdrola, Peñoles, Eólica de Francia y Gamesa.
Indicó que el seminario se realiza con el propósito de conceptualizar y sistematizar «las estructuras jurídicas del despojo que vivimos, para ubicar sus características, fuentes jurídicas y los efectos de su aplicación».
En el encuentro, que reúne a especialistas de instituciones internacionales como las universidades de Berkeley y York, de Estados Unidos, el análisis se contextualiza en torno a megaproyectos de desarrollo y políticas privatizadoras de lo público y lo común en México y otros países de América Latina.
Sobre la desregulación como herramienta estatal para el despojo, Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que el nuevo movimiento neoliberal denominado acumulación por desposesión busca allegarse de la política interna del Estado para colocar a los bienes públicos en el mercado, a efecto de que el capital acceda a ellos de manera preferente.
«Así lo vemos en la nueva terminología que hoy se usa, como ‘utilidad pública’, ‘interés social’ y ‘actividades estratégicas’. Antes, cuando se hablaba de las dos primeras se visualizaba el bienestar de las mayorías; hoy hace referencia a los intereses de las empresas», apuntó.
Recordó que en el pasado «era impensable que una actividad estratégica estuviera en manos privadas y ahora lo están».
Para la especialista la violencia contra los pueblos y comunidades no es sólo física y evidente, «sino simbólica, por presiones indirectas, por controles a través de subsidios y formas de criminalizar a las propias comunidades».
Por último, expuso que en la lista de herramientas estatales para el despojo se incluyen reformas constitucionales, legislativas y reglamentarias.
Además de la celebración de consultas a modo; otorgamiento de concesiones, permisos y licencias; decretos expropiatorios e, incluso, declaratorias de áreas naturales protegidas, que pueden violentar derechos de los pueblos y comunidades.
