Ciudad de México.- La nueva política eléctrica del Gobierno mexicano que limita la generación privada de energías renovables es una "contrarreforma" energética de facto que los empresarios pueden tumbar en tribunales, advirtieron expertos consultados por Efe.
Las empresas privadas tienen argumentos a su favor porque los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Secretaría de Energía (Sener) contravienen aspectos de la reforma energética aprobada en 2013, explicó Evert Sánchez, socio fundador de Stratego Consulting Group.
Estas medidas ponen en peligro proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30.000 millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de ahuyentar las inversiones extranjeras en este sector y otros por la incertidumbre jurídica que genera.
"Lo que plantea esta política es una contrarreforma de facto. Si bien no va a ser una reforma constitucional, que sería difícil de pasar por todo el proceso que requiere la Constitución, sí es una reforma de facto en todo el sector energético", expuso el abogado experto en el sector energético.
El Cenace reconoció esta semana los amparos que tribunales otorgaron a seis productores de renovables, aunque avisó que impugnará estas suspensiones definitivas que frenan sus nuevas reglas del sector eléctrico mientras se resuelve su legalidad.
La norma es el "Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional", aprobada el pasado 29 de abril para afrontar en principio los suministros eléctricos durante la epidemia del virus SARS-CoV2".
Sin embargo, Sánchez señaló que los inversores "actúan con cautela" porque está pendiente el otro acuerdo de Sener, que el 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la "Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional".
"El acuerdo cambia un paradigma de la reforma energética, le da una vuelta de 180 grados y veo la incertidumbre de las empresas en no saber cuáles son los instrumentos o en qué sentido se van a expedir los nuevos manuales, resoluciones", manifestó.
¿RESPETO A LA REFORMA?
El Gobierno argumentó primero que pretendía garantizar el suministro eléctrico ante la crisis de COVID-19, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió después su intención de proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del trato "injusto" de las empresas privadas.
López Obrador ha sido crítico de la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, porque abrió el sector a los privados.
"Hice el compromiso de que no íbamos a modificar las llamadas reformas estructurales y en particular la reforma energética, y lo voy a cumplir, y estoy respetando los contratos en todo el sector energético, pero estas medidas son necesarias", argumentó.
Pero el mandatario se rodea de funcionarios que "lo convencen" de intentar remonopolizar la industria eléctrica, consideró Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.
"Ni siquiera hay cambio a las leyes que derivaron de la reforma energética, son decisiones ejecutivas o administrativas que, como muestra el Diario Oficial, se llama simplemente acuerdo, ni siquiera se le llama decreto", indicó.
El economista criticó que el Gobierno use "una excusa técnica inverosímil" para aprovechar la pandemia para implementar su agenda.
Aunque "evidentemente" no hay una nacionalización de la industria, como ha justificado el mandatario, Tenorio acusó al Gobierno de restringir la oferta de productores más eficientes.
"Sí, está respetando porque no está estatizando porque no está yendo a tomar sus instalaciones, pero está limitando la concurrencia al mercado", señaló.
DEFENSA DE LOS PRIVADOS
Pese al panorama, hay elementos para que prospere la batalla legal de las empresas porque los acuerdos contravienen la Ley de la Industria Eléctrica al discriminar a los privados y privilegiar a la CFE, afirmó Araceli Urzúa, abogada ambiental de L&B Legal Services.
"(Pueden argumentar) discrecionalidad en la toma de decisiones, ya que la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión de manera arbitraria", detalló.
La jurista enunció que la política "cambia completamente las reglas" de la industria eléctrica al restringir derechos, imponer nuevas obligaciones e incrementar costos.
Además, consideró que hubo una omisión de procedimiento por no respetarse la Ley General de Mejora Regulatoria, pues la Sener no presentó un Análisis de Impacto Regulatorio para implementar la nueva política.
También explicó que los impactos ambientales pueden ser un argumento legal contra la nueva normativa.
"Vulnera acuerdos internacionales que propician bajar el consumo de combustible fósiles (Acuerdo de París) y México tiene la meta de reducir en un 30 % para 2021 las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual no es factible lograr con esta política", manifestó.
