México, 5 feb (EFE).- En los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, el Estado mexicano no se está investigando a sí mismo luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio Estado, dijo este miércoles la organización Artículo 19.
«La mayor amenaza contra la prensa en México, actualmente, es el Estado», Ana Cristina Ruelas, directora de la organización en México.
«El nivel de impunidad del total de los delitos en México es del 98 % pero en los casos de periodistas sobrepasa el 99 % y esto tiene que ver con que la mayoría de los perpetradores son (parte) del propio Estado, entonces, el Estado mexicano no se esta investigando a sí mismo», añadió.
Ruelas dijo que en la medida que el silencio deje de ser rentable para el poder dejará de haber impunidad «al final cuando se mata a un periodista se comete un doble asesinato, se mata por un lado la verdad que estaba buscando y se mata ‘su’ verdad, la verdad de la muerte del periodista».
Ruelas cree que el mensaje que buscan los perpetradores «es el silencio para los colegas».
En tanto, el encargado de Negocios y jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en México,Jean-Pierre Bou, dijo que la lucha contra la impunidad es importante para su organización.
«Es un componente importante para el Estado de Derecho y se debe asegurar que autores de crímenes y de violaciones de Derechos Humanos respondan pos su actos», apuntó.
Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tan solo durante 2019 en México fueron asesinados 19 personas defensoras de derechos humanos y 11 periodistas.
El representante de la UE dijo que los asesinatos de periodistas y defensores de Derechos Humanos en México, son un problema a «gran escala» y aunque las autoridades intenta responder a los retos, el problemas está por todo el país.
Ambos representantes presentaron un proyecto para la creación de una política integral que incluya la prevención, protección, procuración de justicia y reparación integral del daño de casos de agresiones cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.
El proyecto tendrá una duración de 36 meses y una aportación de 800.000 euros (unos 880.000 dólares) de la Unión Europea, correspondiente al 92 % de la aportación total del proyecto.
NI UN PERIODISTA ASESINADO MÁS
Esta mañana en la conferencia presidencial, el periodista Paul Velázquez, de Los Mochis, estado de Sinaloa, noroeste de México, denunció un atentado contra su vida en el que señaló como presunto responsable al alcalde del municipio de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno.
Dijo que tras denunciar actos de corrupción de una red de facturación falsa y empresas que lideraba Chapman Moreno, un sujeto lo hirió de un disparó en la cabeza al salir de una farmacia, el 20 de diciembre.
Velázquez, un reconocido «youtuber» en Los Mochis, relató que pasó 22 días en hospital y que tras más de un mes, en Sinaloa las investigaciones «no avanzan y ni siquiera han iniciado».
Dijo que aunque sus colegas y su familia le insisten en que busque el asilo en Estados Unidos, Canadá o Europa, no se quiere ir del país.
«Necesitamos justicia, estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio; presidente, nos están matando, no lo olvide, por favor, nos están matando», cerró el periodista.
En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al periodista que se hará una investigación en la que no habrá influyentismo de ningún tipo.
«Quiero que sepas que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, (vamos a pedir) que se investigue y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales y haya castigo sea quien sea», apuntó López Obrador.
El mandatario dijo que «de manera muy especial» le solicitará al Fiscal General (de la República, Alejandro Gertz) que atienda su caso, siempre respetando la autonomía del fiscal.
MÉXICO, DE ALTO RIESGO PARA PERIODISTAS Y DEFENSORES
Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 131 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 121 son hombres y 10 son mujeres.
De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 13 en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El caso más reciente fue el del locutor Fidel Ávila, locutor y gerente de la radiodifusora La Ke Buena, desaparecido el pasado 29 de noviembre de 2019, en el municipio de Altamirano, estado de Guerrero, y hallado sin vida el 8 de enero en el municipio de San Lucas, en el estado de Michoacán.
De acuerdo con el último informe del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hasta marzo de 2019, el mecanismo protegía a 1.209 personas, 717 personas defensoras de derechos humanos y 492 periodistas.
