Los Ángeles, 26 ago (EFEUSA).- Un total de 19 estados interpusieron una demanda este lunes contra la Administración del presidente Donald Trump por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados y que lleva en la práctica a encierros prolongados.
La demanda busca proteger las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, un pacto firmado en 1997 que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, y a los que se les debe garantizar servicios médicos y de bienestar, según las autoridades de los estados.
«Ningún niño merece ser sometido a condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad», dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento para presentar la demanda.
«Estamos llevando a la Administración Trump a los tribunales para proteger a los niños del daño irreparable causado por la detención ilegal e innecesaria», agregó el procurador de este estado, que liderada la demanda junto a Massachusetts.
La acción legal, presentada en el tribunal del Distrito Central de California, argumenta que la regulación dada a conocer el pasado miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina varias protecciones garantizadas por el Acuerdo Flores, como la detención prolongada de menores y que afecta además a las comunidades que los reciben tras su liberación.
En ese sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que «una vez más, el presidente Trump está haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos y está utilizando niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica».
«California protegerá el bienestar y la seguridad de todos los niños, independientemente de su procedencia o del color de su piel», subrayó Newsom en la rueda de prensa.
Las cortes californianas conocen bien el tema desde la década de los 80, cuando se presentó en Los Ángeles el litigio que culminó en el federal Acuerdo Flores firmado por el entonces presidente Bill Clinton.
Al presentar el plan el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan, dijo que el acuerdo debía haber durado unos cinco años y que la medida, que se prevé entre en efecto a fines de octubre, «elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños».
La querella también argumenta que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para garantizar la salud, la seguridad, y el bienestar de los niños al socavar los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran los niños.
La medida del Gobierno llegó tras varias derrotas en los tribunales federales en torno al Acuerdo Flores.
En junio de 2017, la jueza federal Dolly Gee determinó que la Casa Blanca estaba quebrando el pacto al mantener a los niños detenidos por más de 20 días, y que casi todas las instalaciones donde se mantenían a las familias inmigrantes retenidas en Texas eran de condiciones insalubres e inseguras.
Un año después, Gee negó una solicitud de la Administración Trump de modificar el pacto, una de las varias derrotas en tribunales.
La más reciente de ellas se dio el pasado 15 de agosto, cuando un panel del Noveno Circuito de Apelaciones señaló que el Gobierno debe garantizar las condiciones de limpieza y seguridad de los menores.
«Hemos visto como este Gobierno ha querido negar a los niños jabón y pasta de dientes», criticó Becerra.
El procurador resaltó que California es uno de los estados que más acoge a menores indocumentados que ingresaron solos a Estados Unidos.
Por su parte, Newsom señaló que siete niños inmigrantes han muerto bajo la custodia de las autoridades federales durante la actual Administración de Donald Trump, antecedentes que auguran el daño que causaría implementar la nueva regla.
Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, New Mexico, New York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia son los otros firmantes de la querella.
California ha presentado 57 demandas contra la Administración Trump tras desacuerdos en inmigración, atención médica y medio ambiente.
Precisamente Becerra anunció hoy que presentó una solicitud de emergencia en el Tribunal del Distrito Norte de California para suspender la implementación de la nueva regla de «carga pública» que podría negar la residencia permanente o ciudadanía a inmigrantes legales que reciben ciertos beneficios públicos.
La acción legal hace parte de la demanda que presentó California, junto a Maine, Pensilvania, Oregón y el Distrito de Columbia, el pasado 16 de agosto contra la nueva regla que se implantaría el 15 de octubre, y que afectaría también a niños estadounidenses según los demandantes.
