Mientras que al interior del PRI se ahonda la división y la disputa abierta por el control del partido, Enrique Juárez Ramírez, Denisse Ibarra y otros ex-dirigentes priistas podrían ser procesados y sentenciados hasta por 30 años de prisión por haber incurrido en presuntos actos de corrupción y en desacato a ordenamientos de carácter judicial.
El ex-presidente y la ex-secretaria del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional fueron vinculados a proceso judicial por presunta triangulación de recursos públicos (prerrogativas), problema que fue detectado y reportado por el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).
De acuerdo al proceso legal que se sigue contra los ex-dirigentes priistas y que se agravó luego de que al parecer dieron domicilios inexactos para su localización, el caso se derivó de la triangulación y presunta malversación de los recursos asignado al PRI, lo que además se pudiera configurar como delincuencia organizada que elevaría el castigo para quienes resulten responsables.
Este caso podría involucrar también a quienes han dirigido al partido en Aguascalientes en los tres últimos lustros y los cuales presuntamente incurrieron también en manejos inadecuados del financiamiento público que se le asignó al tricolor.
Al interior del Revolucionario Institucional se reveló que el juez que atiende el caso dictó desde el pasado 9 de mayo auto de vinculación en contra de Enrique Juárez Ramírez y Dennise Ibarra, a quienes incluso se les ordenó asistir regularmente a firmar y no salir del país en tanto se dicta una sentencia definitiva.
Este caso que está en pleno proceso aún dará mucho que hablar y se deriva justo cuando entre los priistas se libra ya una lucha intestina para hacerse del control del partido, como se demostró con la reunión de al menos media docena de ex-dirigentes que se reagruparon para presionar la salida de Antonio Lugo de la presidencia del tricolor.
