Guadalajara. – Guadalupe Ayala ha recuperado por partes el cuerpo de su hijo en 2019, quien fue mutilado y enterrado en una fosa por el crimen organizado en Jalisco, región que ocupa el primer lugar de cuerpos exhumados de fosas clandestinas en México, un país que acumula 77.171 desaparecidos.
La pieza ósea número 667 encontrada en la fosa de El Mirador II dio la certeza a Ayala de que había encontrado a su hijo Alfredo Ezequiel Campos después de cuatro meses de búsqueda.
Este miércoles, la mujer cuenta a Efe que el antebrazo del joven de 23 años estaba junto a los restos de 104 personas cuyos cuerpos fueron lanzados a un pozo en el municipio de Tlajomulco que la Fiscalía estatal descubrió en enero de este año, y en la que estuvieron trabajando por varios meses.
En febrero, los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) le confirmaron que ese primer indicio tenía un 99,9 % de compatibilidad con su ADN.
De esta manera, Guadalupe ha ido encontrando a Alfredo pieza por pieza.
A veces se topa con la necedad de los peritos que quieren entregarle un segmento de otro cuerpo, pero ella no se conforma, presiona y busca en los miles de archivos e imágenes del Semefo. «Estaban a punto de darme un cráneo que no era el de mi hijo, pero me di cuenta y lo rechacé, me decían que me lo llevara, pero les demostré que no era él», dice.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación mexicana, dado a conocer a inicios de octubre, la entidad ocupa el primer lugar nacional en el número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas con 897 víctimas extraídas entre 2006 y septiembre de 2020.
En total, el país registró 4.092 fosas clandestinas y 6.900 cuerpos exhumados de 2006 a la fecha.
Jalisco también es el estado con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en los últimos dos años con 3.568 casos registrados. Es decir, concentra una de cada cuatro desapariciones de diciembre de 2018 a la fecha, seguido de Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua.
LA LARGA ESPERA
Los familiares de personas desaparecidas en el estado enfrentan desde hace meses la tarea de buscar uno a uno las partes que componían el cuerpo de sus seres queridos. Algunos colectivos se han unido para presionar al Servicio Médico Forense y que los resultados de las pruebas de confronta genética no tarden los tres meses habituales.
A diferencia de otros grupos en el norte y sur de México que salen al campo a excavar e identificar fosas con sus propias manos y métodos, los familiares de víctimas en Jalisco deben esperar a que la fiscalía encuentre una fosa y les permita estar en la exhumación, pues la mayoría de estas son cavadas en fincas particulares.
Los peritos que excavan en las fosas extraen los cuerpos en piezas óseas que son después llevados a las oficinas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde, si es posible debido a las condiciones de descomposición, son analizadas para saber si pertenecen a uno o más cuerpos.
Las pruebas de ADN se realizan a las piezas que son encontradas y se confrontan con los resultados de los exámenes genéticos a los que se someten sus familiares para hacer la denuncia, explica a Efe un miembro del Semefo.
Enrique Conteras tenía unos tatuajes en el muslo que fueron identificados en fotografías por su madre María de los Ángeles Yáñez. Los dos brazos y una pierna fueron encontrados en mayo pasado en la fosa de El Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga, los peritos han exhumado más de un centenar de cuerpos.
Pero cinco meses después, la mujer no tiene certeza de cuándo podrá recuperarlos.
«En agosto me llamaron para decirme que habían encontrado una pierna, que al parecer por unos tatuajes era de mi hijo, vine y le hicieron la confronta. Está una pierna y dos brazo, pero hasta ahora no he tenido respuesta de si salió positivo, pues están muy descompuestas las piezas. Le vi los dedos y sé que es la pierna de mi hijo», asegura.
Partes del cuerpo de José Juan Espinoza fueron hallados en la misma fosa. Pero más de un año después de su desaparición, su madre, Esther Tapia, aún vive en la incertidumbre de si los restos son los de su hijo, pues debe esperar los resultados de la confronta de ADN.
«Son fragmentos nada más, partes del cuerpo, la cabeza y el torso ya casi lo tienen. Al que posiblemente dicen que puede ser mi hijo solo le falta un brazo y una pierna por encontrar. Me dijeron que tarda quince días más. Me dijeron que están armando (montando) el cuerpo, solo quiero que me entreguen su cuerpo y descansar de esta pesadilla», expresa.
IDENTIFICAR LAS PIEZAS
La especialista Carmen Chinas, académica la carrera de Seguridad Ciudadana en la Universidad de Guadalajara explica a Efe que las familias recuperan de manera disgregada el cuerpo de las víctimas debido a que el crimen organizado los mutila para hacer más difícil su identificación y aterrorizar.
«Es una estrategia para infundir terror, miedo a la población y es una estrategia que refleja gran impunidad en ese tipo de prácticas y que no hay sanción para los responsables. Responden a la lógica de ocultar y tratar de dificultar lo más posible el tema de la identidad y complicar el trabajo de la autoridad», indicó.
Añade que esta manera de deshacerse de los cuerpos hace complejo el trabajo de la fiscalía y evidencia la ineficacia del Servicio Médico Forense.
«Es tan complejo como encontrar cientos de partes y hacerles pruebas no solo al cuerpo, sino a las partes de ese cuerpo, ¿cuántas pruebas debes hacer para dar certeza de la identidad? Tampoco es que las autoridades hayan avanzado rápido en los requerimientos de identificación forense que demanda un país en estas condiciones», dijo.
Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco hay 2.342 personas desaparecidas al 30 de septiembre y 7.389 personas no localizadas, es decir, cuya ubicación es desconocida y su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
