No fue gratuito que la imagen institucional de la Administración digamos federal, que es lo que está en entredicho, cambiara su lema anterior de ‘Gobierno de la República’ por el de ‘Gobierno de México’, pues lo que está en debate y en riesgo es el carácter republicano y federal de nuestro país, consagrados en el Artículo 40 de nuestra Constitución, un asunto que se hizo visible con la formación del bloque de 10 gobernadores integrados en el ‘Frente Federalista’, que incluyen al mandatario de Aguascalientes, que ayer anunciaron su decisión de abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO.
Para los desmemoriados, especialmente a los que juraron cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna, les recordamos que ya el Constituyente de 1917 redactó el citado artículo que dice exactamente que «Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos».
Poco habría que agregar en otras circunstancias, aunque las actuales nos llevan a preguntarnos sobre el estado de la República, de la vocación de demócratas de los que ahora desmantelan el sistema de equilibrios, de la laicidad de nuestro gobernante y del estado mismo de la Federación, recordando que la lucha entre los centralistas y federalistas se resolvió en México hace más de 150 años y que para dirimir la disputa se tuvo que llegar a las armas.
Lo que es cierto es que tras la revuelta de Tuxtepec, de 1876 y hasta un siglo después se impusieron las tesis de los centralistas, pues desde el Porfiriato y hasta la Reforma Política de 1977, impulsada por Reyes Heroles, el Presidente se convirtió en el mandamás supremo del país, donde los Poderes Legislativo y Judicial se sometían a su voluntad y los gobernadores no lo eran de Estados libres y soberanos, sino de territorios subordinados al poder central, que es justo lo que en los hechos se presume que quiere hacer el mandatario actual.
En pocas palabras lo dijo ayer el senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien acusó al Presidente de dinamitar los puentes de comunicación con los gobernadores, lo que llevó a la quiebra de la CONAGO y nos pone ante la necesidad de renegociar un pacto fiscal caduco y que somete a las entidades a la voluntad de una sola persona.
La pluralidad política y el avance democrático que significó la victoria de Ernesto Rufo Appel el 1989 en Baja California, dio paso a una nueva época, que aquí se inauguró en 1998, con la primera victoria en una elección estatal de un candidato panista, hasta que pronto el país tuvo mandatarios de extracción priísta, panistas y perredistas e hizo tan imposible como indeseable la subordinación de los gobernadores al titular del Ejecutivo Federal.
Por ende lo que está en juego es nuestra democracia entera, así como el pacto federal, que tiene que ver con el reparto de los recursos de la hacienda común y con la soberanía de las entidades, ante ese intento anacrónico de regresarnos a 1976 o de ver encarnada la ironía de que en lugar de Juárez e incluso de Madero, por más que se monte la farsa de la polémica por sus cuadros en la CNDH, nuestro prócer de referencia sea un Santa Anna que se diga adalid de la causa liberal, que es otra versión del famoso lobo que se pone la piel de la oveja.
