CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).-
La Fiscalía General de la República (FGR) dejó entre ver que se le acabó la paciencia en el caso Odebrecht, pues se declaró lista para lograr penas de 46 y 22 años de cárcel que solicitó contra Emilio Lozoya Austin y su mamá, Gilda Margarita Austin y Solís, respectivamente, acusados de «lavado» de dinero y asociación delictuosa por los sobornos de la constructora brasileña.
Al rechazar de manera tajante la solicitud de prórroga de los abogados del exdirector de Pemex, en la audiencia de este martes en el Reclusorio Norte, el fiscal Manuel Granados Muñoz dejó en claro ante el juez de Control Gerardo Alarcón López, quien decidió aplazar la diligencia para el 10 de marzo de 2023, que la FGR está lista y preparada para llevar el caso hasta las últimas consecuencias jurídicas.
Granados Muñoz, quien encabezó el equipo de fiscales y de asesores jurídicos de Petróleos Mexicanos y de la Unidad de Inteligencia Financiera, advirtió que la FGR no está dispuesta a que el proceso se siga prolongando de manera innecesaria, porque se genera incertidumbre jurídica para los acusados, además de que las audiencias cuestan al erario.
«Estamos listos y preparados para llegar en este caso hasta las últimas consecuencias, es decir a juicio oral y lograr las penas de más de 46 años que solicitamos para el señor Emilio, y de más de 20 años para la señora Gilda», indicó.
Todo esto, dijo el fiscal, «ha tenido un costo al erario, el costo más importante es la incertidumbre jurídica, esa incertidumbre jurídica no la merece usted señora Gilda, ni usted Emilio ni el pueblo de México».
«Señor Emilio le pido no hacer perder más el tiempo al juez y a las partes afectadas pues estamos hablando de dos años de negociaciones y nos oponemos a que se siga prolongando la audiencia».
El fiscal comentó que en un ánimo de querer avanzar en el proceso, la Fiscalía General de la República ha accedido a diversas prórrogas de la defensa de Lozoya Austin, para recabar y revisar datos de prueba.
«Sin embargo, existen límites dentro de lo razonable con estas acusaciones nos declaramos listos, preparados y vamos a probar las acusaciones», enfatizó.
Granados Muñoz afirmó que el «venir a decir que hacen falta datos de pruebas por revisar, no me atrevería a llamarlo como una chicanada».
Entrevistado después de la audiencia, el abogado de la familia Lozoya Austin, Miguel Ontiveros Alonso consideró que lo correcto y lo que procese en el caso de los sobornos de Odebrecht es un acuerdo entre el Estado mexicano y el exdirector de Pemex.
«Yo quisiera destacar algo novedoso y que fueron las manifestaciones de la señora Gilda Austin y Solís quién se dirigió al señor juez indicando efectivamente como esta defensa lo ha señalado reiteradamente, que lo debido lo correcto lo que procede es un acuerdo con las instituciones del Estado mexicano y ella manifestó que su hijo Emilio, como también lo ha señalado en la audiencia, está dispuesto a reparar totalmente el daño fijado por las instituciones del Estado mexicano», expuso.
