Los Ángeles, 10 jul (EFEUSA).- Una coalición de fiscales generales de varios estados del país aseguraron este miércoles que los menores retenidos por las autoridades de inmigración en centros de detención carecen de los derechos humanos básicos.
Los procuradores, liderados por el fiscal general de California, Xavier Becerra, firmaron un documento de apoyo legal («amicus brief») a la demanda en contra del gobierno del presidente Donald Trump para que cumpla el Acuerdo Flores.
Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997 y es producto de un litigio emprendido por dos organizaciones humanitarias, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días, y además deben estar detenidos en las condiciones «menos restrictivas» posibles.
«Todos los niños merecen ser tratados con cuidado y compasión, dignidad y respeto», dijo Becerra en un comunicado.
«Sin embargo, con cada día que pasa, la Administración Trump roba a los niños, bebés e incluso a las madres embarazadas el acceso a los derechos humanos básicos», añadió el fiscal.
Las declaraciones del fiscal se dan en medio de denuncias de supuestos asaltos sexuales por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) a menores emigrantes detenidos en Arizona, según un reporte de la cadena televisiva NBC.
El reporte periodístico cita el testimonio de una hondureña de 15 años, a la que, supuestamente, un «oficial grande y barbudo» le habría tocado sus partes íntimas durante una requisa, en un hecho que habría ocurrido frente a otros inmigrantes y oficiales.
En febrero de este año, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró un acuerdo monetario tras la demanda de una inmigrante guatemalteca que supuestamente fue agredida sexualmente por un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) en 2016.
El gobierno federal acordó pagar a 125.000 dólares para que la joven abandonara el caso.
Fue precisamente ACLU y otras organizaciones las que presentaron la demanda que dio pie al acuerdo en 1985 a nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Tras varios años de litigio se llegó a un acuerdo en 1997 con el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
En el comunicado de este miércoles, Becerra subrayó que CBP está «incumpliendo flagrantemente sus obligaciones bajo el Acuerdo Flores», y que las autoridades federales le dan una «tarea peligrosa e irresponsable» a los agentes al poner a los niños bajo su cuidado.
El documento legal está firmado por los fiscales de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minesota, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
El apoyo legal de estos fiscales fue entregado al Tribunal Central del Distrito de California, que está evaluando las acciones del gobierno.
«Juntos, (los fiscales de la coalición) nos enfrentamos a esta administración que utiliza la oficina más alta de nuestra nación para acosar a los más vulnerables entre nosotros», subrayó Becerra.
