México, 30 jul (EFE).- La Fiscalía mexicana solicitó a un juez de control que impute por corrupción a Rosario Robles, exministra de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«Solicito de la manera más atenta que se señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación a proceso en contra de María del Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público», relató la Fiscalía General de la República (FGR) en su solicitud.
A Rosario Robles se la relaciona con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían desviado 7.670 millones de pesos (unos 403 millones de dólares).
En un mensaje escrito y enviado a Radio Fórmula, Robles reconoció que en efecto fue citada el 8 de agosto a un juzgado federal «sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni hechos» que se le imputan».
Según denunció, esto «mina» su capacidad de defensa.
Además, Robles dijo que fue a través de los medios de comunicación que se enteró que la acusación de la FGR es por ejercicio indebido del servicio público.
De esta manera, denunció que la filtración que «ellos mismos hacen, es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso» y señaló que en todo este proceso no ha tenido acceso a defenderse ni acceso a «ninguna carpeta de investigación».
Julio Hernández Barros, abogado que representará a Rosario Robles en el citatorio, se mostró convencido de la inocencia de su clienta. «No tenemos nada que esconder, es inocente. Y la acusación me parece temeraria e infundada, y lo vamos a demostrar», apuntó.
Rosario Robles fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto había usado «empresas fantasma» para desviar recursos mediante convenios fraudulentos por el valor de 7.670 millones de pesos (402 millones de dólares).
Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicios.
El nuevo fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó en enero que se está investigando a unos 60 funcionarios federales por este caso de corrupción.
