México, 22 abr (EFE).- En medio de la crisis sanitaria, el Gobierno mexicano indaga un posible fraude en el sector salud que involucra al extinto Seguro Popular y a funcionarios de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, reveló el miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
«Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos por el Gobierno mexicano de 83.000 millones de pesos (3.382 millones de dólares) y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones (16,9 millones de dólares), lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal», declaró Nieto.
Abordado por la prensa antes de una reunión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el funcionario dijo que hallaron anomalías «vinculadas con contrataciones ilegales» en el Seguro Popular, sistema que el actual Gobierno reemplazó con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Aunque rechazó dar nombres, sugirió que las investigaciones abarcarían a directores y titulares de institutos del sexenio pasado.
Estas indagatorias se suman a las que la UIF ha abierto este sexenio contra funcionarios del Gobierno anterior en dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Apenas el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una investigación en contra de Peña Nieto y su exesposa, Angélica Rivera.
Además, Nieto informó que la UIF busca recuperar 5.400 millones de pesos (221 millones de dólares) y otros 52 millones de dólares, congelados por actividades ilícitas, para destinarlos a la emergencia por COVID-19.
«No se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República (FGR) vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces», expuso.
Entre los recursos destacó 2 millones de dólares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) y otros 80 millones de pesos (3,2 millones de dólares) relacionados con un grupo de trata de personas no identificado.
Cuestionado por la tardanza de los procesos, el titular de la UIF reconoció que aún están pendientes 160 casos de 2019 y 35 del 2020 ante la FGR.
Aun así, aseveró que la dependencia sigue «trabajando de manera cotidiana» pese a la emergencia sanitaria por coronavirus.
