México, 23 sep (EFE).- El Gobierno mexicano ofreció una disculpa pública este lunes a la activista Martha Alicia Camacho por su desaparición forzada y tortura, y por la ejecución extrajudicial de su esposo, José Manuel Alapizco, en la Guerra Sucia (1964-1982), periodo de represión militar contra los disidentes políticos.
En entrevista con Efe tras el evento, Camacho, originaria del noroccidental estado de Sinaloa, señaló que se enciende «una luz de esperanza» para el camino hacia la justicia con el acto, considerado el primero en su tipo para víctimas de esta etapa, también conocida como de «Terrorismo de Estado».
«Crearon instituciones, como la Brigada Blanca, cuyo único objetivo era exterminarnos de cualquier forma, y pues sí, casi lo lograron porque somos muy pocos los sobrevivientes y más pocos somos los que hemos tenido la fuerza para denunciar este tipo de graves violaciones a los derechos humanos», aseveró.
Elementos del Ejército, de la Policía de Sinaloa y de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) detuvieron a Camacho y su marido el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, la capital de ese estado, por su militancia en la Liga Comunista 23 de Septiembre, un movimiento disidente de la época.
Los agentes agredieron sexualmente a la mujer y la obligaron a parir a su hijo en «condiciones indignas», relató la activista, quien también atestiguó la tortura, la mutilación y el asesinato de su esposo a lo largo de los 49 días que estuvo detenida, antes de que sus familiares pagaran el rescate para su liberación.
Tras denunciar los hechos en 2002 ante la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada por el expresidente Vicente Fox (2006-2006), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desestimó el caso en el 2013 por considerar que los crímenes habían prescrito.
Sin embargo, la mujer consiguió un amparo en 2014 para que la PGR investigara los actos como delitos de lesa humanidad y, en junio de este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ordenó al Estado reparar el daño, lo que incluye el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública.
«Le apostaron a que no íbamos a tener capacidades para buscar, para organizar, para clasificar. Pero, para su mala suerte, dentro de los grupos de familiares de desaparecidos nos encontramos personas que nos interesa la historia, hay historiadores, hay otros profesionales que nos apoyamos y sacamos lo que pudimos», dijo.
Al ofrecer la disculpa en nombre del Estado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró el compromiso del nuevo Gobierno mexicano con el rescate de la memoria histórica y la justicia transicional.
Camacho reconoció que las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador abren «un camino hacia el cambio», pero exigió que se concreten en medidas para conseguir la justicia.
«Ahora que se abrió esta pequeña luz, tenemos como una de las principales exigencias que se abran los archivos para conocer la verdad, obviamente que se hagan procesos en contra de los perpetradores, que se lleven a juicio y que también se les de castigo como debe ser», detalló.
Además, lamentó que ningún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudiera al evento, que se realizó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Ciudad de México, lo que consideró como un «desagravio».
«Fueron justamente estas instituciones quienes perpetraron estas graves violaciones a los derechos humanos. Y con la memoria tenemos que alcanzar la justicia», enfatizó.
Al evento también acudieron activistas que buscan a los desaparecidos; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Santiago Aguirre, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a Camacho en el proceso judicial.
