México, 16 oct (EFE).- El Gobierno mexicano y el sector empresarial chocaron este miércoles tras la aprobación en el Legislativo de la reforma que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, además de endurecer el combate contra la facturación falsa y las empresas fantasma.
Al asegurar que la hacienda pública dejaba de percibir 400.000 millones de pesos al año (20.776 millones de dólares), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles en conferencia de prensa que los empresarios «quedan muy mal parados» por «defender las facturas falsas», en particular la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
«Lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios, me refiero a la actitud de los dirigentes que se comportan, la vez pasada lo dije, parecen un sector de un partido», afirmó López Obrador durante su rueda de prensa matutina.
La Cámara de Diputados aprobó este martes, de manera definitiva, la denominada «Ley contra las Empresas Fantasmas y Evasión Fiscal» que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
Con esto, ahora se considera como un delito que amerita prisión preventiva el uso de las llamadas empresas fantasma, y el uso de facturas falsas se tratará como si fuese un crimen similar al contrabando.
Sin embargo, desde que se presentó la iniciativa, las agrupaciones empresariales han denunciado que la propuesta viola derechos de los contribuyentes como la presunción de inocencia, y castiga de manera desproporcionada los errores involuntarios en las declaraciones de impuestos.
«El presidente López Obrador miente cuando afirma que Coparmex está a favor de las factureras. Reiteradamente hemos apoyado su erradicación, por dañar la hacienda y ser una competencia desleal. Lo que rechazamos es el deterioro de la certidumbre jurídica de los contribuyentes», respondió este organismo de la patronal mexicana al mandatario.
La agrupación empresarial, que en el pasado comentó que la iniciativa desataría una «inquisición fiscal» del Sistema de Administración Tributaria (SAT), también defendió su «libertad» al negar comportarse como una «oposición política partidista» y rechazar «la censura».
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organización a la que está asociada la Coparmex, lamentó que los legisladores no hayan escuchado «las preocupaciones de la sociedad», por lo que pidió al Gobierno mexicano aplicar la nueva normativa de «manera sensible y sensata».
«La falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes», indicó el CCE en un comunicado.
El presidente López Obrador aseveró que la iniciativa no será para perseguir a los pequeños contribuyentes, sino para «poner orden» y respetar el «principio de igualdad», al señalar que «no es posible que se aplique la ley al que no tiene influencias».
«El que nada debe nada teme. En la ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, el crear empresas fantasmas para evadir impuestos, pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar?», manifestó.
